El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha afirmado este viernes respecto a las últimas polémicas sobre el ex fiscal jefe Anticorrupción, Manuel Moix, que "no es ético que ni jueces ni políticos ni ningún responsable público" tengan cuentas en paraísos fiscales, al igual que ningún ciudadano español, pues "somos todos contribuyentes" y no hay que "eludir" las obligaciones con la hacienda pública.

En cualquier caso, Moix tenía una "sociedad no opaca" que había heredado "de sus padres, declarada ante la Hacienda española, y que tributaba todos sus impuestos", ha apuntado Catalá, que ha agregado que el Consejo de Ministros ha aprobado el "cese a petición propia" del ya ex fiscal jefe Anticorrupción y ha recordado que el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, "puso de manifiesto que él consideraba que no había ninguna censura profesional, legal ni en materia de incompatibilidades para el señor Moix".

Por otra parte, Catalá ha añadido que el Gobierno "no elige a los fiscales ni los cesa", y ha reprochado a quienes "hablan mucho de autonomía del Ministerio Fiscal" y, sin embargo, piden al Ejecutivo que cese a sus representantes, "cosa que no puede hacer".

En declaraciones a los medios antes de clausurar las VII Jornadas de Juntas de Gobierno de los Colegios de Abogados, en Granada, el ministro de Justicia ha indicado que el Gobierno estará "a la propuesta que en su día lleve el fiscal general del Estado", José Manuel Maza, para cubrir la vacante de Manuel Moix al frente de Anticorrupción, la cual ha dicho estar "seguro" de que estará "llena de razón y en favor de "una persona que tenga todos los requisitos para ejercer bien su labor".

El Gobierno "nombra a los fiscales que le propone el fiscal general del Estado", ha indicado Catalá que, preguntado por el perfil que debe de tener el nuevo fiscal jefe Anticorrupción, ha indicado que los requisitos están recogidos en el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.

Los que opten al cargo habrán de ser "fiscales de carrera evidentemente, con veinte o treinta años de experiencia" y que, "como es obvio y evidente", hayan "acreditado un buen conocimiento de su profesión a lo largo de estos años".

Una vez que se cumpla con el correspondiente proceso, será "el propio fiscal general del Estado, asistido por el Consejo Fiscal, el que proponga al Gobierno el que considere más adecuado".