La pretendida salida de la crisis se está quedando en el ámbito macroeconómico y no llega al conjunto de la población. La atención a las personas pobres y en riesgo de exclusión social comienza a bajar cuantitativamente pero, al mismo tiempo, se cronifica entre determinados colectivos vulnerables fruto de la precarización del empleo. La generalización de los "trabajadores pobres" que tienen empleo pero que no pueden pagar el alquiler o los suministros básicos está detrás de un fenómeno que Cáritas ya considera una "tónica general".

Este es el diagnóstico que han realizado este martes los responsables de la entidad benéfica en Valencia, durante la presentación de la Memoria Institucional de 2016, que supone una radiografía no solo de su actividad asistencial, sino de la pobreza y de la exclusión social en su conjunto. La ayuda de la entidad llegó a 60.068 personas en Valencia en 2016, un 16% menos que el año anterior. El descenso se explica por la caída del 25,3% al 24,4% en la tasa de pobreza en la Comunitat Valenciana, una bajada que no es "suficiente" para los colectivos desfavorecidos. De hecho, según explica la secretaria general, Fani Raga, esta cifra refleja una "fractura social".

Entre las causas de esta disminución en el número de beneficiarios también incluyen la pérdida de población de la Comunitat Valenciana por quinto año consecutivo (también de extranjeros), el incremento de los hogares unipersonales, que ya llegan a 150.000, la disminución de nuevas atenciones (con la consiguiente cronificación de los que ya acuden a sus sedes), así como el incremento de los "colectivos invisibles", los que no aparecen en las estadísticas oficiales, entre los que incluyen a personas sin hogar, migrantes en situación irregular y mujeres víctimas de la trata.

"Cuando hay una recuperación económica, siempre hay un sector que se queda al margen porque tenemos un modelo de inclusión muy precario", sostiene Raga, que destaca que el 35% de esas 60.068 personas son menores de edad, lo que supone "una transmisión intergeneracional de la pobreza, que se acaba perpetuando de padres a hijos". Entre los perfiles mayoritarios destacan las parejas jóvenes con hijos, las mujeres solas con hijos y los hogares unipersonales, con una mayoría de españoles (56%) y de mujeres (70%) frente a hombres (30%).

"La pérdida del imaginario de crisis puede hacernos caer en el error de que las cosas van bien y funcionan, pero los datos demuestran que no", afirma el director de Cáritas en Valencia, Ignacio Grande, que alerta de que los niveles de precariedad laboral actuales "superan a los de 2008", lo que ha originado la figura de los "trabajadores pobres". Para ellos, añade, "tener un empleo no garantiza que una familia pueda salir del ámbito de la exclusión".

Raga explica que Cáritas ayuda a estas personas con la alimentación para que puedan pagar gastos como el de vivienda y evitar desahucios. "Son trabajos muy inestables y precarios", asegura. Además, la entidad también ha detectado que muchas personas han agotado lo que llaman el "colchón familiar" que generaban en la mayoría de ocasiones los abuelos. "Con una pensión de 600 euros y perdiendo poder adquisitivo no pueden hacer frente a gastos de los hijos ni soportar la carga de la familia extensa", explica la secretaria general de Cáritas. Según su impresión en el trabajo diario con estos colectivos, la pobreza de los hijos ha hecho que muchos pensionistas sean "víctimas colaterales de la pobreza".

Durante el pasado año, Cáritas Diocesana contó con la colaboración desinteresada de 6.146 personas voluntarias, la mayoría (52%) en edad laboral. Además, destinó 4,98 millones de euros a sus programas de atención social, al apoyo de las Cáritas parroquiales y a sus proyectos y campañas de emergencia. Entre sus programas destacan algunos específicos dedicados al derecho a la vivienda (241 beneficiarios), a empleo digno y salario justo (1.850 personas lograron una inserción laboral y 761 asistieron a cursos), derecho a la dignidad (9.734 familias alimentadas en sus economatos), derecho a la salud (con ayudas de farmacia) y derecho a la educación (557 adultos y 797 menores beneficiarios).