La Fiscalía del Tribunal Supremo ha presentado este lunes recurso de casación por la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Baleares en el llamado caso Nóos, en la que pide incrementar la pena a Iñaki Urdangarin.

La Audiencia de Palma condenó al cuñado de Felipe VI a seis años y tres meses de prisión, pero la Fiscalía solicita un agravamiento que ha sido objeto de controversia durante todo el día.

Inicialmente, el Ministerio Público informó de manera incorrecta de que rebajaba la pena a cuatro años. Más tarde señaló de manera extraoficial que la propuesta era de catorce años y medio de prisión, sin aclarar las dudas que se le plantearon, hasta que a las 19.30 horas ha emitido un comunicado.

La socilitud se ha realizado en un complejo recurso de 105 folios presentado este lunes por la fiscal María Ángeles Garrido.

En cuanto a Urdangarin, el recurso aboga por un incremento de la pena inicial en tres años y nueve meses al entender que se le debe condenar por la malversación continuada de caudales públicos por los Fórum Illes Balears de 2006 y de 2005.

A juicio de la fiscal, en los foros que el Instituto Nóos organizó en Palma los acusados se concertaron "prescindiendo absolutamente del procedimiento, prevaricando, para permitir la salida contraria a la ley de fondos públicos por importe de más de dos millones de euros".

Para la fiscal, hay una desproporción "flagrante" cuando por dos millones de euros "se ofrece como contraprestación la celebración de un seminario durante dos o cuatro días sobre turismo y deporte". "Si a ello se une que no se requiere justificación alguna, el desfalco está servido", añade.

La contratación de Nóos, insiste la fiscal, "sólo obedeció a la identidad de don Ignacio Urdangarin y exclusivamente en relación con su condición del yerno del entonces rey de España".

Respecto al resto de los delitos, la fiscal cree que el de fraude a la administración por el que se le condenó a siete meses debe ser castigado con dos años de prisión, y acepta la condena a un año por tráfico de influencias (aunque pide una multa adicional) y de otro año por cada uno de los dos delitos contra la Hacienda Pública por los que fue condenado.

En cuanto Diego Torres, exsocio de Urdangarin y condenado a ocho años y medio, la fiscal reclama una condena total de doce años y cuatro meses al considerar que, como Urdangarin, cometió un delito de malversación continuada con los foros que organizó para el Gobierno balear.

Respecto al expresidente de Baleares Jaume Matas, condenado por la Audiencia de Palma a tres años y ocho meses de reclusión, la Fiscalía solicita que se amplíe su pena por razones idénticas a las anteriores a cuatro años y ocho meses.

La fiscal también propone agravar las penas del resto de los acusados de la trama balear: el entonces director general de Deportes, José Luis Pepote Ballester; el entonces gerente de la Fundación Illesport, Gonzalo Bernal; el exgerente del Instituto Balear de Turismo Juan Carlos Alía y el asesor jurídico de la entidad, Miguel Ángel Bonet.

La representante del Ministerio Público discrepa de la sentencia en lo que refiere a la rama valenciana del caso, que tuvo cinco acusados, todos ellos absueltos, incluido el exvicealcalde de Valencia Alfonso Grau.

El recurso de la fiscal no afecta a este último, pero pide que se condene a cinco años y medio de prisión a Jorge Vela y a Elisa Maldonado, ex director de la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia (CACSA) y ex responsable jurídica de dicha entidad, por falsificar tres informes. Quiere además que se condene al exsecretario de Turismo de la Comunidad Valenciana Luis Lobón a nueve años de inhabilitación por un delito continuado de prevaricación y al también exdirector de CACSA José Luis Aguilar a siete años de inhabilitación por un delito de prevaricación sin continuidad.