La tasa de pobreza en el trabajo se sitúa en el 12% y afecta a 390.000 personas en Cataluña, según el informe 'Una aproximación a la pobreza en el trabajo' de CC.OO de Cataluña, que concluye que "el trabajo deja de ser garante de bienestar" y pide abrir un debate sobre la calidad del empleo, a partir del cual las administraciones garanticen los derechos laborales de la ciudadanía.

El estudio, que ha analizado la evolución del mercado laboral, la protección social y la realidad de las familias entre el año 2008 -cuando empezó la crisis- y el 2016 en la provincia de Barcelona, considera que la situación de las personas trabajadoras ha empeorado, ya que "hay menos ocupación, más temporalidad involuntaria y más sobrecualificación".

La responsable de Mercado de Trabajo y Políticas de ocupación de CC.OO Cataluña, Romina García, y el secretario de Trabajo, Economía y Estudios del sindicato, Ricard Bellera, que han presentado el informe, creen que este "evidencia que Cataluña afronta un retroceso en el nivel de vida y el bienestar de su ciudadanía".

Respecto el 2008, se han reducido 300.000 puestos de trabajo, lo que ha situado el 2016 con una tasa de paro del 14,7%, con más de 556.000 personas desocupadas, según constata el informe.

Además, la tasa de temporalidad ha aumentado un 21,8% en ocho años, con el 56,6% de los trabajos a tiempo parcial siendo involuntarios, y la sobrecualificación se ha disparado en 457.000 personas.

"La recuperación del mercado laboral sólo ha existido en términos cuantitativos y no cualitativos", ha afirmado Bellera, ya que ha añadido que las ganancias no se están redistribuyendo hacia el factor trabajo.

La evolución entre 2008 y 2016 en relación al nombre de personas beneficiarias de prestaciones indica una caída del 24,7%, algo que García atribuye al aumento de los trabajos de corta durada, ya que "dificulta el recibimiento de prestaciones contributivas".

En esta misma línea, García cree que el sistema de protección del trabajo no protege "como lo tendría que hacer" porqué, según el estudio, un 70% de la población parada no percibe subsidios ni prestaciones.

Según apunta el informe, en los últimos ocho años ha incrementado el número de viviendas sin ingresos laborales (41,7%), hasta situarse en 95.000, donde viven más de 195.000 personas.

Cuanto a la tasa de riesgo de pobreza y exclusión social, en 2016 se sitúa en un 23,6% y comprende a todas aquellas personas que ingresan menos de 10.054 euros netos anuales, una cifra menor que 2013 pero que "no indica una mejora porque se calcula en relación al resto de la población", que a niveles generales también ha empobrecido.

Ante los resultados del informe, Bellera ha destacado la necesidad de abrir un debate sobre la calidad del trabajo, invertir en modelos trabajo de valor añadido y desarrollar modelos de protección para las personas, como la renta garantizada y el aumento del salario mínimo interprofesional.

Del mismo modo, pide revertir las reformas laborales aprobadas por el PP y el PSOE y "crear un proyecto sólido de creación de ocupación de calidad" que aproveche el ciclo económico expansivo en vistas del cambio tecnológico que se acerca.