La adopción en España no pasa por su mejor momento. Y es que en nuestro país "la demanda es muy alta, pero la ralentización de los tiempos de espera, unido a los cambios legislativos" hace que "la cifra de solicitudes sea mucho mayor que la de las adopciones realizadas", explican desde la Federación Interautonómica de ECAIs (Fidecai). Por ello, muchas de las familias que quieren adoptar se encuentran por el camino con miles de problemas, muchos de ellos burocráticos. Esto hace que incluso algunas cesen en el intento.

Una de las principales trabas es el gran número de países que España mantiene cerrados. "Hay unos 45 países de diferencia respecto al resto de la Unión Europea con los que compartimos legislación y no es comprensible", declara a 20minutos Susana Morales, coordinadora de la ECAI Familias de Colores y presidenta de la Federación Adoptamos. Esta añade que "en casi todos los han cerrado las autoridades españolas, con alguna excepción como Nicaragua o Etiopía". Y es que "en España cuesta mucho trabajo y muchos años conseguir un convenio bilateral y cuando se consiguen, a veces por tardanza, los países se echan para atrás".

Las familias tienen que firmar un contrato con las ECAIs —Entidades Colaboradoras de Adopción Internacional— que ronda los tres años de espera, pese a que en muchos de los casos puede extenderse hasta seis años o más. Este documento especifica la cuantía total que tendrían que pagar los adoptantes (para notario, traductor, gastos directos e indirectos). Hace unos años rondaba los 12.000 euros y ahora puede llegar incluso a los 20.000 dependiendo del país donde se quiera adoptar. No incluye el precio del viaje final ni el alojamiento, y en algunos como República Dominicana exigen hasta cuatro meses de estancia.

Lo peor es que la prolongación del proceso es bastante habitual y paraliza la función de las ECAIs que son, junto con las CC AA, las que realizan las gestiones entre las familias y el país de adopción. Aunque esta función, aseguran, "está en el limbo". "Llevamos dos años sin legislación porque en julio de 2015 se aprobó una ley de la infancia de la que a día de hoy no hay reglamento". En este sentido, también se quejan de la falta de financiación pública que ha hecho que estos organismos acreditados hayan ido cerrando y desapareciendo poco a poco.

En España hay más de 16.000 niños en centros de acogida, y 120 millones de huérfanos en todo el mundo, según Unicef. En nuestro país, alrededor de 33.000 familias adoptantes aguardan a que les asignen a sus hijos. Una espera que se hace cada vez más larga debido al cierre de las ECAI. A comienzos de 2017 había 41, pero a día de hoy esa cifra es menor.

"Las ECAIs asumimos una función pública pero sin financiación. Si no puede ser totalmente pública debería ser mixta. Estamos pasando por una situación insostenible", reclama la coordinadora de Familias de Colores. Sin su existencia, las familias no podrían continuar con sus procesos. También transmiten su malestar con la formación: "Seguimos teniendo el mismo planteamiento que hace 10 años. ¿Cómo es posible que España que tiene una Seguridad Social tan buena no adopte apenas niños con necesidades especiales físicas o psicológicas y otros países sí?", se pregunta Morales. Y es que China o Vietnam solo aceptan este tipo de adopciones. Lo mismo pasa con los niños "de más edad, que rondan los 5 o 6 años".

En cuanto a adopción nacional, es necesario "que se cree una base de datos general porque no se cruzan los datos entre CC AA y un niño de Segovia no podría ser adoptado en Madrid. También las edades de los niños, los costes, los tiempos o la formación son diferentes", dice Morales, que además matiza que "el certificado de idoneidad sí que es válido para todas, pero el cursillo previo no".

La creación de ese registro a nivel nacional es una de las exigencias que los principales partidos le han hecho al Gobierno, al que acusan de "dejadez" y al que reclaman el inmediato desarrollo reglamentario de la ley sobre la protección jurídica de la infancia y la adolescencia, cuyo retraso es ya de dos años. Sin él, las cuestiones que aparecen en la norma relativas a adopciones y acogida no se ponen en marcha.

"En principio la voluntad de la ley es buena. Regula más derechos de los menores y aporta más transparencia. Otra cosa es la capacidad de aplicarla", señala Olatz Alberdi, letrada de ABA Abogadas. En su opinión el principal problema es la falta de medios: "Habría que dedicar más personal, más equipos especialistas. Hay bastante colapso con eso y conlleva muchos retrasos".

La diputada de Ciudadanos Patricia Reyes es la parlamentaria que más veces ha llevado la problemática de las adopciones al Congreso entre la pasada legislatura, la legislatura fallida, y esta. Proposiciones no de ley, interpelaciones a la ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, y hasta una moción presentada a mediados de mayo para que el citado reglamento se lleve a cabo en un plazo máximo de tres meses.

A la espera de conocer cómo se materializará dicho reglamento, en líneas generales las expectativas respecto a las mejoras que supondrá están muy altas. "Se supone que con él se van a agilizar los procesos de las adopciones nacionales", señala Reyes a este diario, y agrega que a nivel internacional ciertas competencias pasan de las autonomías al Estado, como el inicio, suspensión o limitación de las tramitaciones en determinados países y la acreditación de los organismos para actuar como intermediarios. Esto homogeneizaría los requisitos y los costes para cada estado, independientemente de la región en la que vivan los futuros adoptantes. "El problema es que sin reglamento, aunque la ley dice que es el Estado el competente, algunas comunidades siguen ejerciendo esas funciones y otras han dejado de hacerlo, con la consiguiente paralización de estos procesos", denuncia la diputada.

El PSOE también presentó el pasado octubre una proposición no de ley para impulsar las adopciones. En ella, entre otras cuestiones, pedía que se abriera la posibilidad de adoptar en países actualmente suspendidos y en los que el resto de la Unión Europea sí tramita expedientes; la creación de un equipo específico en el Ministerio de Sanidad que se encargue de las adopciones internacionales y financiación pública de urgencia para que los organismos acreditados puedan seguir con su labor.

"Tramitan casi el 90% de los procesos internacionales. Son entidades sin ánimo de lucro que cumplen una función social, una labor que el Estado delega en ellas. Muchas han tenido que cerrar y otras viven una situación asfixiante", manifiesta Reyes.

Podemos por su parte ha presentado varias enmiendas al respecto y entre sus reivindicaciones está que las valoraciones de idoneidad y los seguimientos los realice una entidad pública, y que solo en casos previamente justificados por criterios sociales se recurra a empresas externas. La formación morada reclama también que se subvencionen esas evaluaciones, cuyo coste puede ascender a 1.000 euros en el caso de la vía internacional.

Durante su respuesta a la interpelación de la diputada de Ciudadanos, la ministra Montserrat aseguró que el preborrador del tan esperado reglamento se encontraba en consulta pública y afirmó ser consciente del "malestar" que produce la demora en su aprobación. La titular de Sanidad negó que ese retraso haya paralizado los procesos de adopción internacional y argumentó en la falta de garantías y de seguridad la suspensión de los acuerdos con algunos países.

De aquella intervención han pasado más de dos meses y el reglamento aún no ha sido aprobado. El plazo del ultimátum que Ciudadanos dio al Ejecutivo en forma de moción llega a su fin. Una moción aprobada por el resto de grupos, incluido el PP. La cuenta atrás corre mientras miles de niños esperan un hogar que miles de familias pueden darles.