Un tribunal de arbitraje determinó este martes que las empresas Comcel S.A. (Claro) y Movistar, pertenecientes, respectivamente, a la mexicana América Móvil y a la española Telefónica, deberán pagar al Estado colombiano unos 1.584 millones de dólares en concepto de bienes, equipos e infraestructuras previstos en los contratos de concesión de telefonía móvil celular suscritos en 1994.

Así lo informó el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) colombiano, en un comunicado en el que aseguró que "respeta y acata el fallo dictado". El pleito es considerado uno de los más caros de la historia reciente de Colombia.

Según informa el diario colombiano El Espectador, cuando Claro y Telefónica llegaron a Colombia a finales de 1993, principios de 1994, para ofrecer el servicio de telefonía de voz, firmaron seis contratos mediante los cuales podrían utilizar el espectro electromagnético del país. Al terminar los contratos, las compañías debían devolver al Estado los bienes e infraestructuras (torres de comunicaciones, antenas, equipos electrónicos) que utilizaron.

Esta devolución, sin embargo, no llegó a realizarse, debido, añade el diario colombiano, a dos leyes que aprobó el Congreso, en las que limitó esta reversión. En el caso de las telecomunicaciones, se pactó que solo era necesario que las empresas devolvieran el espectro y no la infraestructura.

No obstante, la entonces controladora general, Sandra Morelli, cuestionó el cambio aprobado por el legislativo y decidió denunciar las dos leyes ante la Corte Constitucional. En 2013, el alto tribunal resolvió que esas leyes solo podían aplicarse a contratos celebrados después de su aprobación.

Según la información conocida este martes, un Tribunal de Arbitramento del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá determinó "que la cláusula de reversión de activos de los contratos de concesión de telefonía móvil celular suscritos en 1994 entre el Estado y los operadores Comunicación Celular S.A. Comcel y Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P., está vigente y es de obligatorio cumplimiento".

La decisión establece que dichas empresas "deberán compensar a la nación por un valor aproximado de 4,8 billones de pesos (unos 1.584 millones de dólares)". Ese "monto equivalente en dinero a los bienes, elementos, equipos e infraestructura necesarios para la prestación del servicio concesionado a la fecha de finalización de los contratos en noviembre de 2013", agregó el comunicado.

El MinTIC defendió que el Tribunal de Arbitramento "era el mecanismo acordado por las partes en los contratos para resolver las controversias que se pudieren llegar a presentar con ocasión de la ejecución y liquidación de los mismos".

Además, destacó que el tribunal se "conformó de común acuerdo entre las partes" y por recomendación de la Procuraduría General de la Nación a comienzos del año 2016.

La información detalla que el 28 de marzo de 1994 "se suscribieron seis contratos de telefonía móvil celular, que luego se consolidaron en cabeza de dos operadores, con una duración de 10 años, plazo que se prorrogó por diez años más, es decir, hasta el año 2014".

Posteriormente, el 13 de enero de 1998, "se expidió la Ley 422, la cual definió que en los contratos de concesión de telefonía móvil celular solamente se revertirán al Estado las frecuencias radioeléctricas asignadas, sin hacer referencia alguna a los contratos en ejecución", que establecían la devolución de activos.ç

Telefónica en Colombia indicó, "respecto a la decisión tomada hoy por el Tribunal de Arbitramento convocado por el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Mintic) contra los operadores de telefonía móvil celular", que "analizará el contenido de la decisión".

Asimismo, anunció que "adoptará las acciones legales para la defensa de sus intereses, la de sus accionistas y empleados, así como para garantizar la prestación del servicio a todos los colombianos".