Existe una realidad empresarial y una realidad familiar. Las compañías que pasaron los pesados años de la crisis y empiezan a ver brotes verdes están reduciendo sus solicitudes de concursos de acreedores, unos procedimientos que antes de la reforma concursal de 2003 se conocían como quiebras y suspensiones de pagos. Pero la evolución de estos concursos en el caso de las personas físicas, de las familias... sigue un camino opuesto.

Según las cifras de suspensión de pagos publicadas este lunes por INE, hasta 975 empresas y familias admitieron judicialmente su imposibilidad de afrontar pagos y deudas de julio hasta septiembre de este año. Son un 12,4% menos que en el mismo período del año pasado, según los expedientes contenidos en los boletines judiciales mercantiles y civiles de primera instancia que recopila trimestralmente el organismo estadístico.

Este arrastre a la baja lo aportan fundamentalmente las empresas (suman 766 procedimientos de quiebra en esos tres meses, un 16,1% menos que en 2016), pero no las familias sin actividad empresarial, que reflejan un aumento del 4,5% en sus solicitudes de concursos (hasta las 209) respecto al mismo trimestre del año anterior. Es decir, cada vez más familias se declaran judicialmente incapaces de afrontar sus deudas.

El acumulado de los tres primeros trimestres (740) es además el más alto desde 2011, uno de los peores años de la crisis económica. Si en el último trimestre se repitiese el mismo número de concursos de acreedores familiares que en el último período del año pasado —fueron 302—, estaríamos ante el ejercicio con mayores declaraciones de quiebra por parte de personas físicas de toda la serie histórica.

La crisis dejó a muchas personas en situación de insolvencia. Familias que perdieron su empleo, su casa y mantuvieron la deuda. Padres que avalaron esas viviendas y comparten ahora el agujero. Otros se embarcaron en negocios, pidieron créditos a financiadores y ahora no pueden devolverlo.

Lo que muchos no saben es que, al igual que las empresas, los particulares también pueden acceder a un concurso de acreedores. Un proceso que puede reducir su deuda hasta un 50%, consigue alargar la devolución de las cantidades durante un período de cinco años, frena los intereses de demora y, sobre todo, paraliza todos los procesos de embargo y de ejecución de hipotecas.

El proceso, al igual que con las sociedades, pasa por acudir al notario y solicitar un concurso al que deberán adherirse los acreedores. Si esto aceptan el convenio, la Justicia nombrará un administrador concursal que fiscalizará el presupuesto de la familia, apartará una cantidad para gastos básicos familaires y destinará el resto a pagar lo adeudado. Si los acreedores no aceptan el concurso, se procederá a la liquidación patrimonial.

Los mayores polos económicos del país y los más poblados son lo que, evidentemente, más concursos de acreedores han mostrado. De los 975 concursos declarados de junio a septiembre, son Cataluña (198), Madrid (155) y Comunidad Valenciana (138) las regiones más afectadas. Las tres que menos, Cantabria (7), La Rioja (7) y Navarra (12).

Por otro lado el 21,4% de las empresas que accedieron a la quiebra se dedicaban al comercio (164 concursos), el 16,1% a la construcción (123) y el 15,4% a la industria la energía (118). Asimismo, el 54,2% de las empresas concursadas tenía menos de seis asalariados.