También ha pedido "coherencia" al PSOE en materia energética y en este sentido ha calificado de "incomprensible" que los socialistas digan una cosa en Castilla y León y otra distinta en el resto de España.

Así lo ha hecho durante la celebración de la Junta Comarcal de la Zona de Guardo que ha tenido lugar este viernes en el municipio palentino de Velilla y que ha contado con la asistencia de alcaldes, concejales y afiliados del PP, así como con la presidenta Provincial del PP, Ángeles Armisén y el procurador Regional, Carlos Fernández Carriedo, entre otros.

Reunión a la que ha querido acercarse Vázquez para tener toda la información de las actuaciones realizadas desde que el pasado viernes 10 de noviembre, cuando Iberdrola anunciara la presentación de la solicitud de cierre de la central térmica de Velilla ante el Ministerio de Industria y Energía.

En la misma se han explicado los distintos aspectos de la política energética del Gobierno de la Nación, así como de la posición de la Junta de Castilla y León, de la Diputación Provincial y del ayuntamiento de Velilla, quienes todos ellos y, sin duda alguna, defenderán el "mantenimiento de la energía del carbón dentro del mix energético de España", todo ello sin renunciar a garantizar el suministro con un control del precio, así como de reducir las emisiones para seguir cumpliendo con los objetivos medioambientales marcados por la Comisión Europea.

Asimismo, el Partido Popular ha reiterado su crítica a la postura mantenida por el Psoe, Unidos Podemos y Ciudadanos, que el pasado mes de octubre apoyaron una iniciativa para reducir los plazos de transición energética y solicitar el cierre de las centrales térmicas al poner condiciones de imposible cumplimiento.

Además, ha mostrado su apoyo a las iniciativas llevadas a cabo por el Gobierno de España, con la tramitación de ese nuevo Decreto que regule de forma más exigente y establezca un procedimiento para el cierre de las centrales, exigiendo la garantía de suministro y la valoración del interés público de las instalaciones, así como la iniciativa de crear una mesa de trabajo y negociación entre los gobiernos autonómicos de Asturias, de Castilla y León, de España

y de Iberdrola.