El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha decidido asumir la investigación abierta en la Audiencia Nacional contra Carles Puigdemont, los exconsellers del Govern catalán y los líderes de ANC y Òmnium, Jordi Sánchez (que dimitió) y Jordi Cuixart, por los delitos de rebelión, sedición y malversación en el proceso independentista, han informado fuentes jurídicas.

Llarena ha tomado este viernes la decisión, con lo que la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela, a partir de ahora, seguirá investigando solo a los mossos d'Esquadra, incluido al antiguo mayor Josep Lluís Trapero, así como a otros miembros del Govern cesado de categoría inferior a los consellers que pudieran ser investigados en el futuro.

La decisión de Llarena choca con el criterio mostrado por la Fiscalía, que entendió "prematuro" aglutinar las causas en el alto tribunal, pero tampoco comparte plenamente la postura manifestada por la titular del Juzgado Central de Instrucción número 3, cuyo informe señalaba que las causas penales ya abiertas por el procés analizan delitos "conexos" y por tanto la escisión de la instrucción "dificultaría enormemente" su investigación.

A partir de ahora, quedan bajo la investigación del Supremo 22 personas. Son: el expresident Carles Puigdemont y los cuatro exconsellers que están en Bélgica (Antonio Comín, Clara Ponsatí, Lluis Puig y Meritxell Serret); los 8 exconsellers que se encuentran en prisión preventiva (Oriol Junqueras, Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva, Meritxell Borras, Joaquim Forn, Dolors Bassa y Carles Mundó); el exconseller en libertad bajo fianza Santi Vila; Jordi Sánchez (ANC) y Jordi Cuixart (Òmnium); la presidenta del Parlament, Carme Forcadell; y cinco exmiembros de la Mesa.

Para Llarena, los hechos investigados de los diputados, del Govern y de los "jordis" requieren de una "intervención coordinada de todos ellos", que "es la que puede llenar de contenido el injusto contemplado en el delito de rebelión", del que por ahora no están imputados Sànchez y Cuixart.

Apoya su decisión en que la doctrina del Supremo establece que puede investigar a no aforados solo cuando "se aprecie una conexión material inescindible con los hechos investigados a las personas aforadas", cosa que ocurre en este caso. Recuerda asimismo que la unificación del procedimiento "tiene una finalidad funcional concretada en la facilitación de la tramitación y en resolver los problemas derivados de la inescindibilidad del enjuiciamiento".

En el presente caso, Llarena señala que uno de los delitos investigados es el de rebelión y que tiene un carácter  "plurisubjetivo", es decir, que en él participa una pluralidad de personas, lo que marca la necesidad del enjuiciamiento conjunto. Sin embargo, el juez decide que la Audiencia Nacional se quede con parte de la investigación porque considera que en el caso de los Mossos no hay esa "conexión material inescindible".