Medio centenar de vigilantes del Metro de Madrid protestan desde las 10 horas frente a la Asamblea de Madrid porque 550 trabajadores de la empresa Seguridad Integral Canaria no han cobrado las nóminas de noviembre y entre 60 y 100 de ellos tampoco las de octubre, por lo que piden ser escuchados por los diputados autonómicos.

Así lo ha explicado a los medios Pablo Gómez Martínez, representante de Unión Independiente de Trabajadores, sindicato mayoritario del Comité de Empresa, quien se ha quejado de que ni la empresa ni Metro de Madrid les explican nada ni cuándo van a cobrar.

"No tenemos expectativas de cobrar. La última manera es venir a la Asamblea", ha dicho. Los empleados de seguridad están en huelga desde el 6 de noviembre y con paros desde hace un año.

El portavoz sindical ha explicado que llevan con problemas con la empresa canaria, que concentra el 40 por ciento de los vigilantes de seguridad del suburbano madrileño, llevan desde el principio, desde que hace cuatro años obtuvo una parte de la concesión de este servicio. "Acabó el contrato en agosto y luego lo han prorrogado dos veces, hasta el 31 de enero, sabiendo Metro que la empresa está en esta situación", ha dicho.

Gómez Martínez ha señalado que supone que Metro y el Consorcio regional de Transportes han pagado a la empresa pero el Consorcio "no da ninguna información". "El Consorcio ha hecho una plica nueva, que terminaba el 27 de noviembre las ofertas y no sabemos el plazo del nuevo concurso. No nos dice nadie nada y las expectativas son negativas", ha indicado.

El representante sindical se ha quejado de que la Comunidad de Madrid contrate con esta empresa a través de concursos públicos en los que prima el precio a la baja, por lo que "el margen de beneficios es a costa de los trabajadores". Consideran que el Gobierno regional tiene que ayudar a solucionar su situación porque se trata de dinero público y son "responsables civiles subsidiarios" de lo que ocurre.

Los trabajadores, que han usado megáfonos y han tirado varios petardos, han recibido a varios diputados. Entre ellos, a la diputada de Podemos Elena Sevillano, que ha criticado que la Comunidad de Madrid "se desentienda de un servicio aunque lo realice una empresa privada". "La falta de control y los problemas de contratación de esta empresa, cercanas al PP, están produciendo un daño terrible a trabajadores y trabajadoras", ha manifestado.