Federico Trillo es hijo adoptivo de Alcoi desde el 31 de marzo del 2000, cuando era alcalde el socialista Josep Sanus. El actual trámite surge después de que el pleno del 22 de julio de 2013 tratara de retirarle esa distinción por parte de PSPV, Compromís y Esquerra Unida-Entesa.

Sin embargo, el actual Reglamento Especial de Honores y Distinciones del Ayuntamiento, aprobado en 1976, no permite la retirada de las distinciones concedidas. La única excepción es que lo respalden dos tercios de los votos del pleno municipal. El actual equipo del Ayuntamiento inició un primer expediente el pasado enero que, sin embargo, tres meses después caducó y obligó a volver a iniciar el trámite, que ahora llega a su fin.

En el escrito de alegaciones -con fecha del pasado 11 de octubre y al que ha tenido acceso Europa Press-, Trillo concluye que las valoraciones políticas no pueden "fundamentar legalmente" la revocación del título y llevarían al Pleno a cometer un "acto ilícito a sabiendas, abriendo las vías jurisdiccionales competentes".

En el documento, de 13 páginas, el también exembajador de España en Reino Unido expone que se le ha dado traslado del acuerdo del pleno del 27 de septiembre en el que se inicia el tramite para revocarle la condición de Hijo Adoptivo, que le otorgó la misma corporación el 31 de marzo de 2000.

Ante ello, recuerda que las decisiones "en un Estado social y democratico de Derecho" deben someterse a la ley y que la retirada no puede "soslayar la legalidad, so pena de incurrir en arbitrariedad". Una argumentación, que según precisa, ya utilizó para frenar el "anterior intento" y que espera conseguir ahora porque de lo contrario advierte: "Recurriré a los Tribunales para que restablezcan mi derecho".

Y alega que "solo acciones u omisiones que perjudicaran a los intereses o la dignidad de la localidad o sus vecinos" podría justificar la medida de la retirada, así como "la indignidad pública del sujeto", por condena judicial.

"Pues bien, en el presente caso no se dan ninguno de los dos supuestos", apunta Federico Trillo que recuerda las circunstancias que avalaron la concesión: aportaciones para el "encauzamiento de los ríos", contribuir a la declaración de la Asociación San Jorge como entidad de utilidad pública; e impulsar "decisivamente" el proyecto del Auditorio.

Méritos, dice, que "no han variado". "Ni la consideración política de mi persona fue entonces factor de mérito, ni la desconsideración política de la misma por una nueva mayoría ahora puede serlo tampoco para la retirada".

Por ello, señala que las condiciones de Hijo Adoptivo son de "carácter vitalicio" y por ello, "no se prevé la retirada" en el Reglamento de Honores de Alcoi.

Se apoya en la secretaria general del Ayuntamiento que señala que "el Reglamento no prevé la retirada de los honores o distinciones". Y apunta que para declarar nula la concesión debería tenerse como "vinculante" un dictamen del Consejo de Estado.

Finalmente, detalla que la concesión no lesiona derechos y libertades, fue adoptado por un órgano competente; fue lícito; se siguió el procedimiento legalmente establecido; y, no supuso la atribución de un derecho adicional.

YAK-42

Asimismo, aborda el argumento de sus "supuestas responsabilidades" en el accidente del Yak-42 de 2003 sobre las que se sustenta la retirada de la condición de Hijo Adoptivo de Alcoi.

Ante ello, Federico Trillo, que fue ministro de Defensa entre 2000 y 2004, afirma: "Fue rechazada mi imputación hasta tres veces por el Tribunal Supremo y hasta cuatro por la Audiencia Nacional", y señala que dos veces la justicia determinó que las causas del accidente fue "un dramático error humano". Y sobre los errores en las identificaciones de los cadáveres agrega: "La Audiencia Nacional ni siquiera consideró mi comparecencia como testigo".

Finalmente, sobre el dictamen del 26 de octubre de 2016 del Consejo de Estado, Trillo apunta que forma parte de él como Letrado Mayor desde hace 37 años "por oposición" y que no emite sentencias, ni celebra juicio, ni acusación ni defensa "posibles". "En consecuencia, ni el dictamen cita al Ministro de Defensa, ni menos aún a quien esto suscribe", relata.

Asimismo, explica que el dictamen se limita a establecer un "nexo causal entre el funcionamiento normal o anormal de la administración

y el daño económico por el que se reclama, determinando, en consecuencia, la responsabilidad objetiva de la administración".

Por todo ello, rechaza que la opinión política de los "actuales" concejales no puede tener "virtualidad jurídica" porque los "tribunales políticos populares son incompatibles con la Democracia y el Estado de Derecho".