De hecho, según las fuentes consultadas por Europa Press, están pendientes las declaraciones judiciales de la mujer y el suegro del por ahora único investigado, después de que la acusación así lo reclamase, toda vez que la vivienda en cuyo entorno ocurrieron los hechos no figura registrada a nombre del propietario de los perros.

Quien sí declaró ya es el dueño de los canes cruce de dogo de Burdeos con bóxer. En su declaración en sede judicial en Ponteareas (Pontevedra), según las fuentes jurídicas consultas por Europa Press, negó que supiese que los perros que poseía fuesen de razas potencialmente peligrosas.

Por el momento, sigue como único acusado en la causa, investigado por un delito de lesiones agraviadas -penado con entre 1 y 3 años de cárcel-. En su declaración, además, admitió que los dos perros cruce de dogo de Burdeos y bóxer no estaban debidamente identificados con microchip, ni registrados en el Ayuntamiento ni tenían seguro de responsabilidad civil, condiciones todas ellas a las que obliga la normativa vigente.

La acusación particular que representa a la familia de la octogenaria ha pedido ampliar la denuncia a la mujer del acusado y a su suegro e incluir el "dolo", lo que supondría una ampliación de las penas recogidas, como mínimo, en el código penal.

Por su parte, la mujer ha quedado gravemente herida y lleva un mes hospitalizada, días en los que se ha tenido que someter a otras intervenciones quirúrgicas, según confirmaron familiares a Europa Press, pero evoluciona de forma favorable.

NORMATIVA Y PERROS RETIRADOS AL CAAN

Todavía faltan pruebas por practicar en los próximos días, lo que determinará la decisión judicial sobre el alcance de la investigación, así como si se extienden las investigaciones a otras personas inicialmente al margen de las diligencias policiales.

Para este tipo de animales, la normativa aprobada este año en la Parlamento de Galicia estipula que deben estar identificados e inscritos en el registro municipal de razas potencialmente peligrosas en un plazo de 15 días posterior a la obtención de la licencia administrativa correspondiente para tener estos animales.

Asimismo, la ley también obliga a que circulen en las vías públicas atados con correa no extensible de menos de dos metros, con bozal homologado y adecuado para su raza. Además, prevé que habiten en instalaciones con medidas de seguridad que eviten su huida y el contacto con ellos, siempre respetando de todos modos su protección y bienestar.

Tras el ataque, ocurrido el pasado 4 de noviembre, los dos perros fueron retirados por miembros del Centro de Acollida e Protección de Animais (CAAN) de la Diputación de Pontevedra, donde fueron puestos en cuarentena -siguiendo el protocolo- y trasladados posteriormente a un canil interior.

Apenas tres días después, el también municipio pontevedrés de Mos registró un nuevo ataque de un perro de raza potencialmente peligrosa, en este caso un pitbull, a una mujer de 76 años. No obstante, el juzgado archivó las diligencias al tener los papeles en regla y haberse producido en el ámbito familiar (el suceso tuvo lugar en la casa de la madre del propietario).

ATAQUES EN GALICIA

El Registro gallego de identificación de animales de compañía (Regiac) contabiliza un total de 14.125 perros potencialmente peligrosos. En total, existen 490.601 animales inscritos en este registro.

Los datos, los últimos disponibles y relativos a 2016, año en que se registraron 428 infracciones por parte de dueños de perros, las cuales generaron 147 sanciones por valor de 512.524,66 euros, si bien desde entonces cambió la normativa (la última aprobada es de octubre de este año).