El juez toma declaración a los policías municipales que insultaban a Carmena en un chat

  • El magistrado ha estado tres horas con los tres agentes investigados.
  • Este martes se decidirá sobre el archivo o la continuación de la causa.
  • El abogado de CCOO destaca que los acusados "no esperaban esto, han dicho que eran comentarios de broma".
Juzgados de Plaza de Castilla.
Juzgados de Plaza de Castilla.
EUROPA PRESS
Juzgados de Plaza de Castilla.

El magistrado titular del Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid, Juan José Escalonilla, decidirá este martes sobre el archivo o la continuación de la investigación contra los tres agentes de Policía Municipal acusados de amenazar a un delegado de CCOO en un chat tras tomarles hoy declaración durante unas tres horas.

En la sesión de este lunes han participado los dos letrados de los agentes, el fiscal, la letrada del Ayuntamiento de Madrid y el del sindicato CCOO. También lo ha hecho un letrado del grupo Atresmedia, que aunque no está personado en la causa, ha podido acudir como parte interesada por los comentarios vertidos en el chat contra periodistas de la cadena, como Ana Pastor.

Los policías municipales, según ha relatado el abogado de CCOO, Antonio García, han dado su testimonio "tranquilos aunque asustados". "No esperaban esto, han dicho que eran comentarios de broma", cuenta el letrado.

García ha añadido que uno de los aspectos centrales de la causa es acreditar la autenticidad digital y la identidad de los agentes en el chat, es decir, que quede probado que eran ellos los que vertían los mensajes denunciados a través de sus teléfonos móviles.

Delito de odio

Durante la sesión, el Consistorio ha pedido que se investigue un posible delito de odio en los contenidos del chat. Por su parte, el sindicato ha pedido la incurrencia del citado delito más el de amenazas y el de injurias.

CCOO ha reclamado, además, que se establezcan una serie de medidas cautelares contra los agentes, en particular, que se ratifique en las adoptadas por el Ayuntamiento y que fije una orden de alejamiento, una protección de escolta oficial o la restricción de acceso a las bases policiales.

El Ayuntamiento ya retiró el pasado 22 de noviembre el arma y la credencial a los tres agentes y se les impidió la entrada a dependencias policiales. Además, se les impidió el acceso a los archivos informáticos y a cualquier base de datos de la Policía.

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