La Guardia Civil ha detenido en el municipio abulense de Arévalo a tres personas como supuestas autoras de un delito de trata de seres humanos y explotación laboral, al engañar a ciudadanos de nacionalidad rumana y hacerles trabajar en condiciones de "semiesclavitud".

Los detenidos en la operación Egoísta son el empresario, su compañera sentimental y el asesor fiscal laboral, según ha informado este lunes en una nota de prensa el instituto armado, que no ha descartado nuevas actuaciones relacionadas con este caso.

A todos ellos se les imputan también varios delitos de usurpación, fraude fiscal y blanqueo de capitales, a partir de unas investigaciones que arrancaron el pasado 30 de agosto por parte del Equipo Territorial de Policía Judicial (ETPJ) de la Guardia Civil.

Y todo ello, a requerimiento de la Autoridad Judicial, a raíz de las sospechas de irregularidades en las contrataciones laborales de determinadas personas, por parte de un empresario en el norte de la provincia de Ávila.

El origen de la operación Egoísta se sitúa en la denuncia de tres víctimas a las que la Agencia Tributaria les reclamó el pago de cuantías y presentaciones de declaraciones tributarias por un importe de 102.280 euros.

Las pesquisas demostraron que el supuesto responsable de estos hechos se dedicaba a la captación de personas de nacionalidad rumana, a las que prometía trabajo estable en su empresa, así como documentación española.

Una vez que los trabajadores estaban en España, los contratos eran "precarios" y después de trabajar durante una temporada "en pésimas condiciones", todos ellos abandonaban el país, mientras el empresario continuaba utilizando las documentaciones de los empleados para llevar a cabo "otros ilícitos".

Las gestiones se realizaban a través de Internet y, aunque los contratos eran de media jornada, con una duración de entre 4 y 5 horas, los trabajadores desarrollaban jornadas de entre 12 y 14 horas.

Además, para los viajes de fuera de la residencia de la empresa, se les buscaban alojamientos con habitaciones donde "se hacinaban entre 6 y 8 personas".

En muchos casos, esos trayectos recorrían España "de punta a punta", teniendo que dormir en el propio vehículo con otros trabajadores de obras contratadas.

En el curso de las investigaciones, la Guardia Civil averiguó que el empresario se dedicaba a utilizar las documentaciones de las personas, tanto contratadas como no contratadas, facilitando los datos al asesor, que las utilizaba para realizar operaciones fiscales e imputando el valor de las mismas a los trabajadores.

La Guardia Civil ha aclarado que de esta forma se utilizaba las identidades de los empleados para hacer operaciones con la Agencia Tributaria.

Asimismo, en el curso de la operación se descubrió cómo el principal investigado, junto a su compañera sentimental y al asesor fiscal, adquiría propiedades en Rumanía, su país de origen, sin que fueran titulares de propiedades en España.