El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) ha presentado este lunes ante el Tribunal Supremo una demanda contra el Gobierno por inacción al no haber aprobado, tras superar todos los plazos legales, el reglamento de condiciones de accesibilidad universal y no discriminación de las personas con discapacidad a los bienes y servicios públicos.

En un comunicado, el Cermi recuerda que este lunes, 4 de diciembre, se cumplía el límite legal para que todos los entornos, productos y servicios fueran accesibles, lo que no ha sucedido, por lo que la Organización ha decidido plantear este recurso contencioso-administrativo.

Se trata del plazo legal que España se dio en 2003 con la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social para que todos estos elementos fueran accesibles.

Durante los últimos meses y mediante la campaña Horizonte Accesibilidad 4 de diciembre de 2017, el Cermi ha demandado al Gobierno su cumplimiento sin lograr su objetivo, por lo que ha decidido presentar este recurso para que la Justicia, "si estima la demanda, le obligue a cumplir las leyes del Parlamento cuando le ordenan acometer desarrollos reglamentarios".

A juicio del Comité, la no aprobación de estas condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación en el acceso a bienes y servicios impide que se avance en la inclusión de las personas con discapacidad en ámbitos como el comercio, la educación, la cultura y el deporte, entre otros, al no existir una normativa mínima estatal reguladora de estas necesidades de accesibilidad.