El juez del Supremo Pablo Llarena ha ordenado retirar las órdenes europeas de detención contra Carles Puigdemont y el resto de exconsellers de la Generalitat que se encuentran el Bélgica, que son Antonio Comín, Lluís Puig, Meritxell Serret y Clara Ponsatí.

A pesar de ello, fuentes de la defensa del expresidente de la Generalitat han asegurado que este descarta volver a España.Y es que lo que no se ha suspendido ha sido la orden nacional de busca y captura decretada contra ellos por la juez Lamela. Es decir, si vuelven a España serán detenidos y puestos a disposición del Supremo, tal como han confirmado fuentes del tribunal a 20minutos.

Sin embargo, el abogado en España de Carles Puigdemont, Jaume Alonso-Cuevillas ha abierto la posibilidad de que Puigdemont venga a votar en las elecciones catalanas del 21D: sería detenido "inmediatamente" pero que, pese a saber las consecuencias, "tiene un compromiso político firme".

La Justicia belga será notificada sobre esta decisión y por tanto el pronunciamiento previsto para el día 14 sobre su extradición a España debería quedar suspendida, más allá de los formalismos recogidos en las normativas, por lo que todos podrían volver a España aunque seguiría imputado.

El magistrado determina que todas las causas deben ser unificadas en su tratamiento, para evitar diferencias de criterio y que todos los implicados puedan ser juzgados en igualdad de condiciones y bajo las mismas premisas.

El hecho de que los casos dependieran de la justicia de Bélgica hacía que fueran juzgados por malversación y por desobediencia, pero no por rebelión, por lo que no habría igualdad de condiciones con quienes están en España.

Llarena expone que, con posterioridad a que se emitieran las órdenes de detención, "se ha definido que los hechos pudieran haberse perpetrado mediante el concierto de todos los investigados y con una unidad jurídica inseparable".

Por ello, "la depuración de las distintas responsabilidades penales deba ser llevada de manera unificada, pues de otro modo podría romperse la continencia de la causa y conducir el proceso a respuestas contradictorias y divergentes para los distintos partícipes", ha argumentado.