Una juez del juzgado contencioso-administrativo número 2 de Barcelona ha estimado este martes el recurso interpuesto por Endesa contra el protocolo de pobreza energética, que lleva un año suspendido por orden judicial del Tribunal Constitucional, y que pretendía impedir los cortes de suministros de agua y luz por parte de las empresas suministradoras eléctricas sin un informe previo de los servicios sociales en aplicación de la Ley de Pobreza Energética aprobada en 2015 por la Generalitat.

La magistrada sostiene en este sentido en su sentencia, que es recurrible, que la prohibición de interrumpir los suministros no puede ser establecida por un protocolo que fija obligaciones para las empresas "no previstas en norma legal ni reglamentaria alguna" y sin que, además, estas compañías las hayan cumplido.

"Esta juzgadora no desconoce la grave situación en que se encuentran las personas en riesgo residencial", añade la juez, que insiste en que cada administración "debe actuar en el ejercicio de sus competencias".

La magistrada mantiene que la Generalitat y los ayuntamientos no pueden acordar medidas que afecten a competencias estatales En su escrito mantiene que la Generalitat y los ayuntamientos pueden aprobar ayudas para las familias vulnerables con riesgo de corte de suministro eléctrico, pero no acordar medidas que afecten a competencias estatales.

Considera además que el protocolo, que establecía posibles sanciones para las empresas energéticas que lo incumplieran, es "un acto nulo de pleno derecho", dado que no ha sido aprobado por el gobierno de la Generalitat.

El tercer sector y el Ajuntament apoyan la ley catalana

Tanto desde el Ajuntament de Barcelona como desde la Mesa de Entidades del Tercer Sector se ha dado apoyo en las últimas semanas a la "validez" de la ley catalana 24/2015 respecto a la estatal. Desde las más de 3.000 asociaciones de toda Cataluña agrupadas en la Mesa de Enbtidades del Tercer Sector se exigió a mediados del pasado mes de noviembre a las suministradoras que firmen los convenios que prevé la ley catalana para que se corresponsabilicen del pago de la deuda de las familias en situación de pobreza energética.

Lo anunciaron coincidiendo con el primer aniversario de la muerte de Rosa, la mujer de 81 años que falleció en Reus en 2016 a consecuencia del fuego que causaron unas velas en su vivienda, las cuales tenía encendidas al haberle cortado la luz por impago.

Desde el Ajuntament de Barcelona han calculado que el 43% de la población atendida por pobreza energética a nivel municipal no se podrá acoger al bono social impulsado por el Gobierno de Mariano Rajoy. Y ha cifrado en un 60% el porcentaje de personas que ni siquiera estarían protegidas de un corte de suministro eléctrico por motivos económicos si no fuera por la ley 24/2o15.

El Consistorio también han impedido alrededor de 4.000 cortes de suministro en Barcelona de enero a octubre en virtud de la ley catalana de pobreza energética ahora anulado por un juzgado.