La investigación se inició a raíz de la denuncia interpuesta por uno de los miembros de la asociación de taxistas mijeños, concluyendo que existen indicios razonables sobre conductas contrarias a la Ley de Defensa de la Competencia, por lo que se ha incoado el correspondiente expediente sancionador, según una nota de la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía.
Los técnicos del departamento de Investigación de la Agencia consideran que se ha podido infringir el artículo 1 de la ley, que prohíbe "todo acuerdo, decisión o recomendación colectiva, o práctica concertada o conscientemente paralela, que tenga por objeto, produzca o pueda producir el efecto de impedir, restringir o falsear la competencia en todo o parte del mercado nacional".
Se abre ahora un periodo máximo de 18 meses para la instrucción del expediente y para su resolución, durante el cual el departamento de Investigación, podrá practicar cuantas acciones considere oportunas para el esclarecimiento de los hechos y la eventual determinación de responsabilidades. Terminada la fase de instrucción, el procedimiento finaliza con la resolución del Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía, que en caso de considerar acreditada la existencia de prácticas prohibidas determinaría la sanción del presunto infractor. Por último, la Agencia recuerda que la incoación de este expediente no prejuzga el resultado final de la investigación.
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