La prórroga hasta el 20 de diciembre de 2019 afecta a "determinadas medidas" incluidas en los capítulos III y IV de la ley de Medidas Urgentes en materia de vivienda y ha sido consensuada con el Consejo del Diálogo Social.

En concreto, las medidas que permanecerán en vigor son las relativas a las viviendas de titularidad de las administraciones públicas y de sus entidades dependientes con el fin de facilitar el pago de la cuota de la compra de vivienda de promoción directa mediante moratoria en el pago de la cuota mensual y la reestructuración de la deuda pendiente de pago.

La prórroga afecta también a la moratoria en el pago de la renta mensual, a la reducción de la renta mensual o a la reestructuración de la deuda pendiente de pago.

También se amplía el plazo para la reducción de los precios máximos de venta y alquiler, la reducción del precio en el pago anticipado de viviendas de la Administración de la Comunidad, facilitar la compra de viviendas en arrendamiento de la Administración de la Comunidad, así como la constitución de parques públicos de alquiler social.

Serán objeto de prórroga las medidas relativas a la constitución de la reserva de viviendas desocupadas para colectivos en riesgo de exclusión social y la reserva para el parque público de alquiler social.

Otro paquete de medidas hace referencia a la autorización para ampliar el periodo de amortización de los préstamos hipotecarios y la flexibilización de los requisitos de los adquirentes y de los arrendatarios potenciales, facilitar el arrendamiento de viviendas vacías con opción de compra a 10 años, la no obligación de devolución de las ayudas que hayan recibido en caso de subasta, dación en pago o adjudicación en procedimiento de desahucio, por ejecución judicial o extrajudicial del préstamo y facilitar la ocupación de viviendas en caso de que sea necesario cambiar de residencia por motivos laborales.