El presidente de la Cámara de Cuentas, Arturo Canalda, ha presentado este jueves en la Asamblea de Madrid un escrito en el que comunica su dimisión de su cargo, han indicado a Europa Press fuentes parlamentarias.

La renuncia de Canalda se produce tras su imputación en el caso Lezo en lo relativo a su presunto papel en la compra de Inassa por parte del Canal de Isabel II.

El juez de la Audiencia Nacional Diego de Egea citó ayer a declarar en calidad de investigados en el caso Lezo a una veintena de personas para aclarar las presuntas irregularidades en la compra en 2001 de la empresa colombiana Inassa por parte del Canal de Isabel II.

Entre estas personas figuran dos exconsejeros del expresidente madrileño Alberto Ruiz-Gallardón (Juan Bravo y Pedro Calvo) y el hasta ahora presidente de la Cámara de Cuentas de la Comunidad, Arturo Canalda.

El escrito de renuncia de Canalda ha llegado a la cámara regional a las 9 horas, al ser la Asamblea de Madrid la que nombra al presidente y designa por mayoría absoluta a los consejeros del organismo.

La compra de Inassa la acordó en 2001 el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid presidido entonces por Ruiz-Gallardón por un total de 73 millones de dólares (aproximadamente 83 millones de euros) con un endeudamiento de 51,1 millones de dólares, pero, según los investigadores, el valor de la empresa era mucho menor.

Recientemente, Canalda compareció en la comisión de investigación de corrupción de la Asamblea de Madrid, donde dijo que ningún miembro del consejo de administración del Canal puso objeciones a la compra de Inassa, investigada en el caso Lezo, y recalcó que él en concreto no vio "nada raro" en la documentación que consultó.

En su comparecencia afirmó que no había hecho "ninguna ilegalidad" en su etapa en el Canal, pero anunció que si le llamara el juez para declarar dimitiría como presidente de la Cámara de Cuentas de la Comunidad, como ha ocurrido.

Arturo Canalda ha asegurado que a lo largo de los 20 años dedicado a la vida pública "siempre ha actuado con honestidad y siempre ha adoptado las decisiones basándose en informes que le avalaban", pero que dimite tras ser imputado en el caso de corrupción Lezo para "no perjudicar" a la institución.

En el escrito ha señalado que ha tenido conocimiento "a través de los medios de comunicación" que la Audiencia Nacional va a citarle en calidad de investigado por supuestas irregularidades en la compra de la empresa colombiana Inassa en 2001 por parte del Canal de Isabel II cuando él era gerente de esta empresa pública.

El dimitido presidente de la Cámara de Cuentas ha recordado que como este órgano depende de la Asamblea y no de la Comunidad de Madrid no tendría que dimitir, como sí lo hacen los miembros del Gobierno regional y altos cargos en aplicación del Código Ético. Y como tampoco es afiliado al PP le deja fuera del ámbito de aplicación del Código Ético de esta partido.

Además, señala que según la Ley 11/1999 de la Cámara de Cuentas en su artículo 35 apartado g) establece como causa para la pérdida de la condición de consejero de la Cámara la de "haber sido declarado, en virtud de sentencia judicial firme, responsable civilmente por dolo o condenado por delito doloso", circunstancias que a fecha de hoy no se dan en su caso.

"No obstante lo anterior, en el pleno convencimiento de que he actuado siempre conforme al ordenamiento jurídico, soy consciente de que mi permanencia al frente de la Cámara de Cuentas en estas condiciones puede suponer un importante perjuicio para la institución que he tenido el honor de presidir a lo largo de los últimos seis años", apunta.

"Con el único y exclusivo fin de no perjudicar a la institución pública que presido, por medio del presente escrito y con efectos del día de hoy, te comunico mi decisión de dimitir de forma irrevocable como presidente y consejero de la Cámara de Cuentas", ha pedido Canalda a Paloma Adrados, que le ha rogado que traslade su decisión al a Mesa de la Asamblea agradeciéndole "sinceramente todo su apoyo" a lo largo de esos años.