El presidente ruso, Vladimir Putin, ha firmado este domingo la ley que endurece las penas por los avisos falsos de bomba, incendios intencionados u otras calamidades, lo que se conoce como "terrorismo telefónico", que podrán ahora alcanzar hasta los diez años de cárcel.

Así, un aviso de bomba premeditadamente falso y dirigido contra una instalación de importancia social como establecimientos de salud pública, centros docentes, grandes centros comerciales, etcétera puede conllevar una pena de prisión de entre 3 y 5 años si provoca daños considerables; entre 6 y 8 años si tiene por objetivo perturbar la administración pública; y entre 8 y 10 años si provoca muerte de personas u otras consecuencias graves.

El documento está publicado en el portal web ruso de información jurídica y ha sido recogido por la agencia de noticias rusa Sputnik. La pena máxima prevista anteriormente era de cinco años de cárcel.

El pasado 11 de septiembre comenzó una inédita oleada de falsos avisos de bomba contra unas 3.500 instalaciones en 180 ciudades por todo el país. Casi 2,5 millones de personas tuvieron que ser evacuadas por este "terrorismo telefónico".

Las autoridades consideran que se trata de una auténtica ciberofensiva contra Rusia que proviene, sobre todo, de zonas con presencia de grupos terroristas en Siria, así como del territorio de Turquía, Ucrania, Estados Unidos y Canadá.