Apenas uno de cada diez euros de los ingresos ordinarios de los principales partidos provienen de las cuotas de sus afiliados, de acuerdo con los datos del informe de fiscalización de formaciones políticas elaborado por el Tribunal de Cuentas (TCU) y referido a 2014 y 2015, las cifras más recientes disponibles hasta la fecha. En el último de esos ejercicios, PP, PSOE, PSC, Podemos y Cs se embolsaron 15,7 millones de euros gracias a las aportaciones de sus militantes (1,2 millones más que el año anterior), lo que representa el 10,7% de sus ingresos para actividad ordinaria (146,7 millones).

Aunque ese es el dato medio, hay grandes diferencias entre unos y otros partidos. El PSOE ingresó 9,6 millones por cuotas –a los que hay que sumar 747.000 euros del PSC, que es una organización jurídicamente independiente–, frente a los 3,2 millones del PP y los 2,2 de Cs. Podemos no declaró ningún importe específicamente como "cuotas de afiliados", porque para ser "inscrito" no hay que pagar una cuota fija, explica un portavoz. En todo caso, según el partido, sus inscritos aportaron un total de 1.226.825 euros a través de domiciliaciones bancarias y pagos con tarjeta.

Sobre el total de sus ingresos para actividad ordinaria, lo recaudado por Cs representa el 30,3%; lo obtenido por el PSOE, el 14,7%; y lo ingresado por el PP, el 5,2%. El dato aportado por Podemos supondría el 16,1%. Hay que tener en cuenta que en 2015 tanto el partido naranja como el morado estaban aún en plena fase de expansión nacional, con lo que sus cuentas eran mucho más modestas que las de socialistas y conservadores: la formación de Rivera ingresó ese año, excluidas las subvenciones electorales, 7,4 millones de euros, frente a los 7,6 de Podemos, los 61,8 del PP y los 69,8 de PSOE y PSC.

La pequeña porción que las cuotas de militantes representan en la tarta de ingresos de las formaciones políticas no supone un fenómeno exclusivo de los grandes partidos. El TCU analizó en su último informe las cuentas de 30 organizaciones, y ninguna de ellas llega a cubrir con las aportaciones de sus afiliados un tercio de sus ingresos. La media del conjunto de la treintena de partidos es del 10,4%. Algo por encima de ese dato están, por ejemplo, partidos como ERC (16%) o IU (11,3%), justo en la media se sitúa CDC (10,4%) y algo por debajo el PNV (7,82%).

Las otras grandes vías de ingresos privados son las aportaciones de los cargos públicos y las donaciones. En 2015, fueron los socialistas los cargos que más se rascaron el bolsillo: aportaron 6 millones de euros, casi el triple que los del PP (2,4 millones), y mucho más que los de Podemos (926.000 euros) y Cs (167.000 euros), que aún no habían entrado en el Congreso. Las donaciones son una vía menor, con las que el PP logró 832.000 euros, Podemos 460.539 euros, Cs 271.000 y los socialistas 249.000.

En todo caso, los partidos dependen para su supervivencia del dinero público. El del PP es el caso más claro: de los 61,8 millones de euros que ingresó en 2015 para su actividad ordinaria, 53,2 millones provinieron de fuentes públicas (86%) y los restantes 8,6 (14%) de fuentes privadas. PSOE y PSC lograron ingresos de 69,8 millones, el 72,8% públicos y el 27,2%, privados. Podemos y Cs mostraron una menor dependencia de dinero público: el partido morado, captó 7,6 millones, un 63,8% públicos y un 36,2% privados, y la formación naranja se embolsó 7,4 millones, un 62,7% públicos y un 37,3% privados.

Esta circunstancia no afecta solo a los grandes partidos ni es un fenómeno exclusivo de 2015. El conjunto de los 30 partidos analizados ese año por el TCU ingresaron 226 millones de euros para su actividad ordinaria, 160,7 millones (71,1%) de origen público y 65,2 millones privados (28,9%). Entre los que obtuvieron algún escaño en las generales de 2015, solo dos superaban el 50% de ingresos privados: Convergència (60,5%) y EH Bildu (53,2%). UPN (6%) ni siquiera llegaba al 10%. Y siempre dejando al margen la actividad electoral.

Si se incluye en los cálculos el dinero que recibieron las formaciones para las múltiples campañas de aquel año –cuando se celebraron municipales, autonómicas y generales–, cae aún más la proporción de fondos privados que emplean. Así, el conjunto de las organizaciones fiscalizadas por el TCU recibieron en ese último ejercicio 102,7 millones para sufragar la actividad electoral. Los mayores importes se los embolsaron los grandes partidos: PP (46 millones), PSOE y PSC (25,3 millones), Cs (10,3 millones) y Podemos (4,7 millones).

Esas cantidades representaron una importante porción de la tarta de ingresos de las principales formaciones de ámbito estatal. En el caso de Cs, por ejemplo, las subvenciones electorales (58% del total de ingresos) fueron mayores que el resto de ingresos públicos (26,3%) y que los privados (15,7%). Para el PP, los abonos de fondos públicos para campañas representaron el 42,7% del conjunto de los ingresos, porcentaje que fue del 38,4% en el caso de Podemos y del 26,6 en las cuentas de los socialistas (PSOE y PSC). La media de los 30 partidos fiscalizados fue del 31,3%.

Los grandes partidos, finalmente, acumulan una deuda millonaria con entidades de crédito. PSOE y PSC son los que peor parados salen en este terreno. Al cierre de 2015 –y dejando al margen las deudas por actividad electoral, que suelen abonarse justo después de los comicios con la subvención pública correspondiente–, los socialistas debían nada menos que 75,8 millones de euros, de los que 56,7 tenían garantía hipotecaria. El PP, en segundo lugar, debía 29,9 millones a entidades de crédito, de los que 27,2 tenían igualmente alguna garantía hipotecaria.

Radicalmente diferente era la situación de Podemos y Cs. El partido morado no tenía ninguna deuda con entidad bancaria alguna, y únicamente debía 4,3 millones de euros en microcréditos otorgados por particulares para sufragar distintas campañas electorales, que posteriormente devolvió. Precisamente por recurrir a esa fórmula, Podemos era el único partido sin deudas contraídas para financiar su actividad electoral. La formación liderada por Albert Rivera, por último, anotó apenas 92.000 euros de deuda bancaria para actividad política ordinaria al término del ejercicio.