La Audiencia de Sevilla ha celebrado este lunes la sexta sesión del juicio por la pieza política del caso de los ERE, una jornada en la que las diferentes partes del proceso se han pronunciado sobre las cuestiones previas planteadas tanto por la Fiscalía como por las acusaciones particulares, ejercidas por el PP-A y el sindicato Manos Limpias, y las defensas de los 22 ex altos cargos que se sientan en el banquillo, entre ellos, los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

El Ministerio Público, por su parte, se ha opuesto a que la actual presidenta de la Junta, Susana Díaz, sea citada a declarar como testigo, tal y como había solicitado el PP-A, alegando que "no procede". Cabe recordar que los populares manifestaron que, del contenido de las "comparecencias públicas" de la socialista se deduce su "amplio conocimiento" de los hechos enjuiciados. Y que, además, "durante el mandato" de Díaz como consejera de Presidencia, fue promulgado un decreto para la convalidación de las ayudas extraordinarias concedidas para la prejubilación de trabajadores.

También rechazaron la presencia de Díaz en el proceso las defensas de todos los acusados al asegurar que "no se dan los requisitos". Alguno de los letrados criticó además "la contaminación política partidaria" de la propuesta del PP.

Lo que sí considera la Fiscalía que procede es llamar como testigos al actual vicepresidente del Gobierno andaluz y consejero de Presidencia, Manuel Jiménez Barrios, por una ayuda que recibió el ayuntamiento de Chiclana de la Frontera (Cádiz) cuando él era alcalde, y a la exconsejera y actual senadora socialista Mar Moreno, que estuvo imputada hasta que el Tribunal Supremo archivó la causa contra ella. Los abogados defensores se opusieron a la declaración de ambos.

Otro de los puntos más significativos de la sesión de este lunes ha sido el relativo a la cuestión planteada por la Fiscalía, que solicitó al tribunal la "delimitación" del objeto de enjuiciamiento de este proceso. Es decir, si solo se va a juzgar la creación de un supuesto procedimiento específico sin someter a enjuiciamiento cada una de las ayudas en las que presuntamente participaron los acusados. Y es que, manifestó el Ministerio Público, de darse este último supuesto, habría que incorporar a la causa el testimonio íntegro de todas las piezas separadas ya abiertas, un total de 104.

Tanto el PP-A como Manos Limpias se adhirieron a esta cuestión previa de Anticorrupción, mientras que las defensas se manifestaron radicalmente en contra. Los letrados calificaron la cuestión como "extravagante" y aseguraron que podría conducir a un "dislate procesal inabarcable". Además, alegaron que este punto ya quedó determinado en el auto del juez de refuerzo y que el tribunal no es competente para delimitar el objeto de enjuiciamiento. y añadieron que la Fiscalía es responsable de la situación al apoyar la división de la causa en diferentes piezas.

Además, la Fiscalía ha apoyado las cuestiones previas de las defensas en cuanto a excluir del objeto de enjuiciamiento el presunto delito de asociación ilícita esgrimido por el PP-A, pero ha rechazado la petición de anular las actuaciones instructoras del juez de refuerzo Álvaro Martín y la pretensión de que los acusados declaren después de los peritos y testigos.

Al oponerse a la anulación de las actuaciones de instrucción realizadas por el juez de refuerzo Álvaro Martín desde el Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla, la Fiscalía se ha opuesto a una de las principales cuestiones previas expuestas por la defensa de José Antonio Griñán, a la que se han adherido no pocas de las defensas.

De la misma manera, y en la parte de la vista oral destinada a la réplica a las cuestiones previas planteadas por cada una de las partes, el representante del Ministerio Público se ha opuesto a la cuestión previa relativa a una supuesta "extralimitación" en su propio escrito de acusación, extremo este último que había expuesto principalmente la defensa del exconsejero de Empleo Antonio Fernández.

En cuanto a las cuestiones previas del exconsejero de Empleo y Desarrollo Tecnológico José Antonio Viera, el Ministerio Público se ha opuesto a la idea de que sea "deficiente" la acusación que pesa en su contra por un presunto delito de malversación, negando además que haya prescrito el presunto delito de prevaricación administrativa que pesa en su contra.

El juicio se retomará ya el próximo 12 de febrero, cuando el tribunal notificará la resolución a todas las cuestiones previas.