Las cinco 'grandes' eléctricas (Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, EDP España y Viesgo) se harán cargo de casi el 95,4% del coste del nuevo bono social, frente al 96% que soportaban con el anterior sistema.

Según el cálculo del porcentaje de reparto de la financiación propuesto por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) al Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, Endesa asumirá el 37,14% del total; Iberdrola correrá con el 35,04%, Gas Natural Fenosa se hará cargo de la financiación del 15,81%, mientras que EDP -contando Cide- sufragará el 5,17% y Viesgo el 2,2%.

En total, la CNMC ha incluido en la lista para participar en la financiación del bono social eléctrico de 2018 a un total de 232 sociedades que realizan la actividad de comercialización de energía eléctrica sin que formen parte de ningún grupo y 18 matrices del grupo de sociedades que desarrollan esta actividad.

Al resto de empresas, fuera de las cinco 'grandes' les corresponde porcentajes inferiores al 1%. Así, Fenie Energía, la comercializadora de las empresas instaladores, será la que más aporte de las 'pequeñas', con un 0,88%.

El pasado mes de octubre, el Gobierno aprobó el nuevo bono social de electricidad, basado en criterios de renta para que puedan acceder los consumidores que más lo necesitan y que supone descuentos del 25%, el 40% y el 100% en la factura de la luz, según los casos.

Este nuevo real decreto regula la obligación a las empresas comercializadoras (o sus matrices, en el caso de grupos empresariales) de financiar el bono social, en función de su cuota de clientes. De esta forma, se mantiene el sistema por el cual el coste del bono social es asumido por las empresas comercializadoras como un servicio de interés general, sin cargarlo sobre los consumidores o los PGE.

No obstante, las 'grandes' eléctricas, e incluso algunas más pequeñas, ya han presentado sus recursos contenciosos-administrativos contra este real decreto.

En octubre de 2016, el Supremo ya tumbó el anterior mecanismo de bono social al estimar los recursos interpuestos por Endesa y Viesgo y reconocer el derecho de los demandantes a cobrar una indemnización por las cantidades abonadas en concepto de bono social en aplicación del real decreto de 2014 por el que se fijó la metodología de financiación. Este fallo anuló el mecanismo y obligó al Gobierno a diseñar este nuevo sistema.