Las trabas no frenan el empeño del Ayuntamiento de Barcelona en llevar a cabo entre mayo y junio la primera multiconsulta anual sobre temas que propongan entidades ciudadanas o grupos municipales. El equipo de Ada Colau, "sigue trabajando" para que esta se celebre, a pesar de los dos recursos contencioso administrativos que han presentado ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) contra el reglamento que la ampara la Cámara de Concesionarios y Empresas Vinculadas al Sector Público (CCIES) y la Delegación del Gobierno en Catalunya, tras hacerse público que se incluirá una pregunta sobre la remunicipalización del agua.

Así lo ha asegurado este martes la regidora de Participació, Gala Pin, que aunque ha admitido que no conoce el calendario judicial, ha confiado en que la lentitud de la justicia permitirá al Consistorio seguir con sus planes.  "No sé si conocéis algún contencioso resuelto en cuatro meses", ha apuntado al ser preguntada por los periodistas, y ha añadido que ni el reglamento está impugnado ni se han pedido medidas cautelares para suspender la consulta.

Pin ha señalado, además, que estos dos recursos contenciosos "constatan la importancia de la herramienta" y ha lamentado el "movimiento de los 'lobbies' contra el bien común". "No entendemos la beligerancia judicial contra un mecanismo que quiere dar voz a la ciudadanía", ha dicho.

Para Pin, el motivo que ha llevado a la CCIES a presentar el recurso es que Agbar rechaza que se consulte a los barceloneses sobre la gestión del agua,  y las razones de la Delegación del Gobierno tienen que ver con la voluntad de "atacar el municipalismo". A pesar de ello, la regidora ha asegurado que el gobierno municipal facilitará toda la información a los juzgados.

Por otro lado, ha hecho un llamamiento "a la participación masiva" y en defensa del Reglamento de Participación que permite la multiconsulta, ha apuntado que se aprobó con un "amplio consenso social y político", ya que solo contó con un voto en contra del grupo de la CUP.

Ha recordado, asimismo, que este establece un plazo de un mes para debatir los temas a consultar y ha informado de que por el momento están previstos tres, propuestos por entidades ciudadanas. Además de la remunicipalización del agua, ha dicho, se contempla abordar, por el momento, el cambio de nombre de la plaza Antoni López y la compra de una parcela por parte del Ayuntamiento en la Ronda Sant Pau para construir pisos públicos y garantizar la continuidad de un gimnasio.

A las tres entidades ciudadanas que han propuesto que se pregunte sobre estos temas –Aigua és Vida, Tanquem els CIEs y Habitem Sant Pau– les queda un mes para terminar de reunir las 15.000 firmas necesarias para ello, antes de que el Consistorio las valide. En la multiconsulta, de una semana, podrán participar los mayores de 16 años inscritos en el padrón municipal y no será necesario un mínimo de participación para que los resultados se tengan en cuenta. Estos no serán vinculantes, pero se votarán en el pleno municipal.

Las tres entidades implicadas han exigido este martes al Ayuntamiento una defensa más férrea de la multiconsulta. La portavoz de Aigua és Vida, Míriam Planas, ha apuntado que el gobierno de Colau tiene "miedo de abrir el debate", mientras que la de Habitem Sant Pau, Lara Cáceres, ha calificado de "insuficiente" la respuesta municipal y la de Tanquem els CIEs, Laura Mena, ha dicho que "sería una lástima que los intereses de algunas empresas impidieran a la gente opinar".

Por su parte, el delegado del Gobierno, Enric Millo, ha afirmado que la multiconsulta es ilegal porque "se pretende tramitar sin pasar por el pleno municipal". Desde la CCIES, denuncian que esta sustituye procesos regulados para la participación ciudadana.

Terrassa ha optado por la gestión municipal del servicio de abastecimiento de agua. El Ajuntament aprobó inicialmente, en sesión plenaria extraordinaria del día 7 de septiembre de 2017, la constitución y los Estatutos de la entidad pública empresarial local Agua de Terrassa EPEL, que se encargará de ello.

Los alcaldes de Barcelona, Badalona, Sabadell, Terrassa, Santa Coloma de Gramenet, Cerdanyola del Vallés y El Prat de Llobregat constituyeron en marzo de 2017 la Asociación de Municipios por la Gestión Pública del Agua.