Según ha informado la Subdelegación del Gobierno en una nota de prensa, la mujer ofreció esta versión a pesar de que, previamente, los agentes de la Oficina de Denuncias y Atención al Ciudadano le habían informado de la obligación legal de decir la verdad, como estipula la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Además, los funcionarios de la Comisaría de Huelva le advirtieron de la posible responsabilidad penal en la que se puede incurrir en caso de acusar o imputar falsamente a una persona; una infracción penal o con temerario desprecio hacia la verdad; simular ser responsable o víctima de una infracción penal; o faltar a la verdad en su testimonio.

Los investigadores dudaron de la veracidad de los hechos relatados, por lo que una vez abiertas las investigaciones, se citó a la denunciante con el fin de saber con detalle cómo ocurrió el robo.

Fue entonces cuando esta persona reconoció la falsedad de los mismos y que había obrado de esa manera "con el fin de cobrar la indemnización del seguro", ya que estaba pasando una grave situación económica y tuvo que hacer frente a una serie de pagos haciendo uso del dinero que manifestó le habían sustraído.

Finalmente, han destacado que la falsa denuncia ha supuesto el empleo de recursos humanos y materiales, medios que han sido distraídos de las funciones de prevención y represión del delito, misiones éstas encomendadas al Cuerpo Nacional de Policía, generando "un perjuicio a los ciudadanos y a la administración pública".