El Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana reclama "medidas contundentes y efectivas" contra los ruidos y el botellón tras tramitar en 2017 un total de 804 quejas por contaminación acústica como consecuencia de los ruidos procedentes de bares, terrazas, botellones, discotecas, fábricas, maquinaria, tráfico de vehículos, estaciones de tren, aeropuertos, casales falleros, barracas, carpas de fiestas, campanarios o vecinos colindantes.

Estas son las fuentes generadoras de molestias acústicas más recurrentes de acuerdo con las quejas que la ciudadanía hace llegar al Síndic de Greuges, que destaca que el ruido constituye uno de los motivos más importantes de quejas que recibe a diario.

Según ha informado la institución, esta problemática ha generado 74 resoluciones emitidas por el Síndic recomendando a las administraciones adoptar todas las medidas protectoras que sean necesarias para paliar el impacto que provocan los ruidos. Los dictámenes, asegura, "están en total sintonía con los pronunciamientos de los tribunales de justicia españoles así como con la última sentencia del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo" que da la razón a un vecino de la zona Xúquer de València de 87 años y que condena a las autoridades españolas.

"La contaminación acústica por encima de los límites legales incide perniciosamente sobre el derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio, a la protección de la salud, a un medio ambiente adecuado y a una vivienda digna. Ese ruido no deseado y nocivo, junto con las vibraciones que provoca, puede llegar a perturbar la calidad de vida de las personas afectadas y más cuando ese ruido invade su espacio más íntimo y privado, el domicilio", apunta.

Otra advertencia que lanza el defensor del pueblo valenciano en sus resoluciones es que "la pasividad municipal ante los efectos perjudiciales para la salud provocados por la contaminación acústica puede generar la responsabilidad patrimonial por funcionamiento anormal", con la consiguiente obligación de indemnizar los daños y perjuicios (físicos, psicológicos y morales) que se les pudiera causar a los vecinos afectados.

El Síndic recuerda que las administraciones públicas tienen la obligación de actuar frente a esta vulneración de derechos. Para ejercer este deber legal "irrenunciable", los ayuntamientos cuentan con distintas herramientas administrativas que van desde sanciones económicas hasta la clausura de las actividades.

Sobre este aspecto, José Cholbi considera que la Administración "debe ser más activa y eficaz a la hora de inspeccionar las actividades ruidosas y en el control posterior del cumplimiento de las medidas correctoras exigidas" ya que "los ciudadanos a menudo se dirigen al Síndic denunciando el incumplimiento de las órdenes de cese de actividad".

"La Administración debe evitar aquellas situaciones en las que resulta más rentable ir pagando unas sanciones de reducido importe que respetar el límite máximo de decibelios permitidos y cumplir el horario de cierre", recalca.

Por último, esta institución también considera imprescindible concienciar a la ciudadanía de su deber de respetar los derechos de las demás personas, entre los que está el derecho al descanso. Actualmente, el Síndic está tramitando una investigación de oficio sobre la contaminación acústica generada por el ocio nocturno (bares, discotecas, terrazas y práctica de botellón) en la ciudad de València que hará pública en los próximos meses.

Miguel Cuenca, el vecino de la zona Xúquer de València afectado por el ruido al que el Tribunal de Estrasburgo acaba de dar la razón, ha señalado que, después de veinte años desde que inició el proceso, casi no contaba ya con esa sentencia, y ha opinado que la "constancia" en su reivindicación ha dado sus frutos.

Cuenca, que acudió a los tribunales en 1998 y tiene ahora 87 años, ha señalado que la sentencia le parece "muy bien", pues contar con un fallo favorable después de tanto tiempo es "una alegría muy grande".  Ha asegurado que lo pasó "muy mal" con el ruido en su vivienda, que alcanzaba en su habitación los 50 decibelios cuando el máximo permitido por al Ayuntamiento por la noche eran 30 decibelios, lo que le provocó ansiedad y le obligó a hacer obras de aislamiento en su casa, así como trasladar la habitación a la parte trasera.

"No tuve más remedio que presentar una denuncia", señala Cuenca, quien explica que por aquel entonces era el presidente de la asociación de vecinos del barrio pero la presentó a título particular, y ha considerado que su constancia y la de su abogado "ha dado resultado". Ha indicado que el ruido que sufrían la vivienda le "alteraba", le obligaba a tomar tranquilizantes y le hacía incluso discutir con su mujer: "Estaba fuera de mí, no era yo, porque el no dormir me ponía nervioso".

El alcalde de València, Joan Ribó, ha afirmado que el Consistorio está trabajando "con una serie de elementos" para que la gente pueda disfrutar, cenar o tomarse una copa en una terraza sin causar molestias por contaminación acústica. Ribó se ha manifestado en estos términos en relación con la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) que obligaba a España a indemnizar a un valenciano con 13.000 euros por contaminación acústica.

Al respecto, el alcalde ha incidido en que este caso "empezó hace 20 años" y ha recordado que la zona en la que vive el denunciante es una Zona Acústicamente Saturada (ZAS).

En esta línea, ha apuntado que el Ayuntamiento está "trabajando con una serie de elementos para que la gente pueda disfrutar, cenar o tomarse una copa en la terraza, pero sin causar molestias". "Lucharemos para conjugar el derecho de las personas a dormir y nuestro clima y la vida en la calle. Las dos cosas son importantes, por lo que todos hemos de colaborar", ha agregado.