El Ministerio de Fomento estima que obtendrá entre 700 y 1.000 millones de euros con la nueva adjudicación de las nueve autopistas de peaje que tiene que rescatar, y que habrá un impacto negativo en las cuentas públicas, aunque no generará déficit estructural.

Fuentes de este departamento han reconocido este jueves que en el mejor de los casos habrá un cierto "desbalance" entre el importe que se recupere con la nueva licitación y las cifras que tendrá que abonar el Estado, previsiblemente en concepto de Responsabilidad Patrimonial de la Administración (RPA) y por créditos participativos de esas autopistas.

En cuanto al valor que se obtendrá con la relicitación, el ministerio cree que 1.000 millones puede ser el "valor máximo ideal" y que como mínimo se llegará a los 700 millones. Fomento estima que la cantidad obtenida probablemente será menor a la RPA, cuyo valor todavía no ha calculado, que tendrá que pagar a los bancos y a los fondos que adquirieron a los primeros la deuda de las concesionarias, con los que no ha conseguido llegar a un acuerdo.

Aunque en el plan de estabilidad del Gobierno figuraba que el rescate de las autopistas tendría un impacto de 2.000 millones de euros, el ministerio señala que se puso esa cantidad estimada porque había que presentarlo, pero que la RPA no está definida, ya que el valor a pagar dependerá de lo que le quede de vida a cada concesión.

El ministerio mantiene, además, su intención de que la reversión de las nueve autopistas a la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre (Seittsa) y la adjudicación de su concesión de nuevo a empresas privadas se produzca en el mismo año, pues la entrada y salida de fondos minimiza el impacto en el déficit.

Respecto a la fecha en la que se podrán sacar a licitación, todo depende de cuando se aprueben por el juez los planes de liquidación de las distintas autopistas. En estos momentos, tan sólo una, la R-4 (Madrid-Ocaña), lo tiene aprobado, y ya se ha puesto en marcha el protocolo de transmisión de los activos a la Administración, que Fomento espera que se produzca a finales de febrero.

Otras siete autopistas —R-2 (Madrid-Guadalajara), la M-12 (Eje Aeropuerto), la R-3 (Madrid-Arganda del Rey), la R-5 (Madrid-Navalcarnero), la AP-36 (Ocaña-La Roda), Ciralsa o Circunvalación de Alicante y la Cartagena-Vera— tienen avanzados sus planes de liquidación, aunque no se han aprobado aún, aunque Fomento espera que todas ellas puedan pasar a ser gestionadas por Seittsa a primeros de marzo.

El mayor retraso lo tiene la AP-41 (Madrid-Toledo), todavía en la fase de concurso de acreedores y que no ha entrado aún en la de liquidación, pues está a la espera de que se fije la fecha de la asamblea de acreedores para aprobar el convenio, aunque lo previsible es que no haya acuerdo y pase directamente a liquidación.

No obstante, Fomento mantiene su intención de que todas se liciten en el plazo máximo de diciembre de este año y que las concesiones saldrán a adjudicación en dos lotes: uno con la Circunvalación de Alicante y la autopista Cartagena-Vera, y otro con el resto, incluida la AP-41, que se incluiría en la licitación aunque no tenga el plan de liquidación aprobado, pues en cualquier caso en el momento de la adjudicación estará en manos del Estado.

Además, ha iniciado un procedimiento de resolución de determinados contratos que tenían los anteriores concesionarios y que hará coincidir con la incorporación de los activos de esas autopistas al Estado, para que a partir de esa fecha empiece a contar el plazo de seis meses para fijar la RPA.

Fomento afirma que en las autopistas que asumirá el tráfico ha crecido en los últimos años, un 8,6% entre 2016 y 2017, un 7,6% entre 2015 y 2016, y un 5,2% entre 2014 y 2015, registrando en 2017 el mayor incremento la AP-41, con un 16,6%, y el menor la circunvalación de Alicante, con un 6%,con una media diaria de vehículos en las nueve autopistas de 4.200.