Martínez ha destacado que el objetivo pasa por promover la responsabilidad de los ciudadanos, "que el 99% de los casos son responsables y actúan con responsabilidad". No obstante ha recordado el elevado coste de un servicio que cuesta unos 30 millones año, pero sobre todo ha destacado que en algunos casos se pone en peligro la vida de los profesionales encargados de llevar a cabo los rescates.

El consejero ha eludido concretar la fecha en la que el Ejecutivo tiene previsto llevar a cabo esa revisión de la normativa. Si ha incidido el consejero en que desde que se implantó dicha tasa en Asturias en 2010, el número de cobros realizados ha sido "prácticamente anecdótico" y se ha aplicado en casos "muy excepcionales".