El gobernador del Banco de España, Luis María Linde, ha asegurado este lunes que —de acuerdo con las últimas estimaciones— la economía española habría crecido en torno al 3,1% en 2017, similar a 2015 y 2016, y en línea con lo previsto por el Gobierno y la propia entidad.

En un almuerzo-coloquio organizado por el Club Siglo XXI, Linde ha asegurado que la economía ha entrado en 2018 con una "importante inercia expansiva", si bien ha apuntado el riesgo que plantea la situación política en Cataluña.

A su juicio, si en los próximos meses se alcanza una "normalización" de la situación —entendiendo como tal el respeto de los agentes políticos al marco legal— el crecimiento económico será mayor al previsto por el Banco de España, del 2,4 %.

Ha dicho que parece claro que la aplicación del articulo 155 de la Constitución ha contribuido a "aliviar tensiones" económicas, como muestra la evolución reciente de los mercados financieros, en los que se observa una corrección de los incrementos de volatilidad y de la dinámica mas negativa que habían experimentado las bolsas y la prima de riesgo en octubre.

No obstante, ha afirmado que si esa normalización no se produce, la crisis en Cataluña podría afectar de un modo "más pronunciado" al consumo y la inversión, sobre todo a la inversión empresarial en Cataluña, dado que la incertidumbre retrasaría los nuevos proyectos y postergaría las decisiones de contratación.

Además, una nueva pérdida de confianza puede motivar que las familias aumenten su ahorro por la preocupación y pospongan sus decisiones de adquisición de bienes de consumo duradero y de compra de vivienda.

Respecto a los riegos en el ámbito internacional, ha señalado que aún no se conocen los efectos del brexit, "ni se pueden estimar fácilmente", como tampoco el impacto de las políticas proteccionistas en diversos países o los efectos del reequilibrio de la economía china.

La economía, según Linde, afronta también otros problemas "con profundas y múltiples consecuencias a medio y largo plazo" como el proceso de envejecimiento de la población, que se espera que incluso "pueda intensificarse" en el futuro cercano.

En su opinión, las reformas de los últimos años "han sido adecuadas" y han contribuido a "fortalecer" la sostenibilidad financiera del sistema público de pensiones, pero ha insistido en que la negativa evolución demográfica requiere medidas que "no deben demorarse".

"Dado que es imposible o muy difícil cambiar, incluso a medio plazo, las tendencias demográficas, será importante perseverar en las mejoras en los sistemas educativos y las reformas institucionales y regulatorias que contribuyan a mejorar la productividad, favoreciendo o permitiendo mayor competencia e innovación", ha añadido.