La asociación Advocacia per la democracia (Abogacía por la democracia), que agrupa a abogados y abogadas de Lleida, prepara un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional contra el acuerdo del Senado que aprobó la aplicación del artículo 155 de la Constitución.

"Se trata de un recurso que podemos plantear los ciudadanos contra actos o decisiones de los poderes públicos que violen determinados derechos fundamentales de la persona de los que están recogidos en la Constitución española", ha asegurado en un comunicado la entidad, que anima a la ciudadanía a sumarse a su iniciativa.

Abogacía por la democracia considera que entre los derechos fundamentales se encuentra el de la participación en los asuntos públicos, ya sea directamente o a través de representantes libremente elegidos, y afirma que así lo han señalado tanto el Tribunal Constitucional como el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos.

"Cuando nuestros representantes ejercen su función están, de hecho, ejerciendo nuestro derecho a la participación política y democrática", asegura la agrupación.

Insiste en que ambos tribunales han tenido ocasión de decir que el derecho a la participación no se agota con la elección democrática, sino que comprende explícitamente "el derecho a que los cargos electos se mantenga en el ejercicio de las sus funciones durante el mandato para el que hayan sido elegidos".

Con este argumento, Abogacía por la democracia señala que la decisión adoptada por el Senado el día 27 de octubre de 2017 "violó el derecho que tienen los ciudadanos de Catalunya en la medida en que cesó sus representantes legítimos antes de haberse agotado su mandato.

Señalan los abogados que el derecho reconocido en el artículo 23 de la Constitución obliga a todos los poderes públicos y no está previsto que se pueda suspender en ningún caso, ni siquiera en los estados de excepción o de sitio.

Insisten en que cuando la violación proviene de un acto del poder legislativo que no sea una ley, como ocurre en este caso, la persona afectada por aquella violación puede ir directamente ante el Tribunal Constitucional para plantear su queja, dentro de los tres meses siguientes a la adopción del acuerdo, plazo que finaliza el próximo día 27.