La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla, que juzga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE), ha rechazado la petición realizada por la acusación popular que ejerce el PP-A para que la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, declarase como testigo en el juicio.

En un auto dictado el pasado 22 de enero, al que ha tenido acceso 20minutos.es, la Sección Primera se pronuncia sobre las nuevas pruebas propuestas en las sesiones del juicio oral celebradas los días 9 y 10 de enero por la Fiscalía Anticorrupción, las acusaciones y las defensas, y considera "pertinentes" las pruebas propuestas con una serie de "excepciones".

Así, y en cuanto a las pruebas solicitadas por la acusación popular que ejerce el PP-A, la Audiencia señala que "no procede admitir la testifical" de Susana Díaz "al no justificarse mínimamente la relevancia que pueda tener dicha testifical en relación con los hechos a enjuiciar en la presente causa", señalando que "el argumento esgrimido en relación a las manifestaciones públicas realizadas por ésta sobre los hechos aquí enjuiciados no la convierte en testigo relevante de los mismos".

Sí considera pertinente la Audiencia el resto de testigos propuestos por los populares, entre ellos el vicepresidente actual de la Junta, Manuel Jiménez Barrios, y la exconsejera y actual senadora socialista Mar Moreno, así como los propuestos por la Fiscalía, entre ellos el exconsejero andaluz Antonio Ávila.

Moreno y Ávila fueron investigados pero los tribunales archivaron sus causas, como ocurre con otros cuatro ex altos cargos que igualmente la Fiscalía ha pedido citar como testigos y la Audiencia los ha admitido, permitiéndoles ser asistidos por letrados al continuar como investigados en otras piezas separadas del caso ERE.

Respecto a la testifical de los actuales letrados de la Junta, pedida por el ex director general de Presupuestos Antonio Lozano e impugnada por la Fiscalía, la Audiencia da tres días a Lozano para que "manifieste el objeto de dicho testimonio".

La Audiencia también rechaza la petición del ex director general de Trabajo Francisco Guerrero para que testifiquen los funcionarios del Ministerio de Trabajo que participaron en la elaboración de una orden estatal de 1995 que regulaba las ayudas sociolaborales estatales y que para algunas defensas daba también amparo a las concedidas por la Junta entre 2001 y 2011 para los ERE.

En cambio, admite que testifique la exdirectora de Trabajo del Ministerio Soledad Córdova, a petición del exconsejero José Antonio Viera, investigada en la pieza sobre el ERE de la Faja Pirítica de Huelva -cofinanciado por los gobiernos central y autonómico- y que en la instrucción de esa pieza declaró ante la jueza que la Junta podía dar ayudas como las del Gobierno.

En este auto, la sección primera de la Audiencia solo resuelve las cuestiones previas de las partes relativas a nuevas pruebas, pero no el principal asunto planteado por la Fiscalía para que concrete que en este juicio solo se juzga a los acusados por crear o mantener el procedimiento específico por el que se daban las ayudas, pero no la concesión o pago de cada una de esas ayudas.

El Ministerio Público planteó que en caso de que se incluyan las 270 ayudas, se trajeran al juicio las diligencias de todas las piezas separadas incluidos sus testigos.

La Audiencia rechaza esta petición "para el caso de que el tribunal entendiera que en el seno de este procedimiento procede enjuiciar también todas y cada una de las ayudas individuales, sin perjuicio de que al tiempo de resolverse esta cuestión previa se acordará, en su caso, lo procedente".

El tribunal acuerda aportar a los peritos de la Intervención General del Estado, autores del informe clave para la acusación, la documentación del caso, no para que hagan otro informe como solicitó la exconsejera Carmen Martínez Aguayo, sino para que la conozcan con vistas a su interrogatorio.

También admite pedir a la Dirección General de Empleo del Ministerio un informe sobre las ayudas sociolaborales del Estado en la misma década, informe que acaba de requerir la jueza María Núñez en la instrucción de la pieza sobre el ERE de la Faja Pirítica.