La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat, ha propuesto a los grupos políticos en el Congreso iniciar los trámites parlamentarios para alcanzar un Pacto de Estado en materia de protección a la infancia, que incluiría nueva regulación estatal sobre la custodia compartida en los procesos de divorcios y separaciones.

En el marco de la comisión de derechos de la infancia y la adolescencia del Congreso—donde comparece a petición propia para dar cuenta de las políticas de su departamento sobre infancia, y a petición de Ciudadanos y Unidos Podemos para explicar por qué no figura entre los planes legislativos del 2018 la ley para erradicar la violencia en la infancia— Montserrat ha solicitado que se ponga en marcha cuanto antes una subcomisión en el Congreso "para ir dibujando juntos el camino para llegar más lejos en la protección, la promoción y la participación de los niños y las niñas" a través de un Pacto de Estado.

La ministra ha pedido a los grupos que entre las materias del nuevo pacto figure una regulación de la custodia compartida para convertirla en la opción prioritaria ante separaciones y divorcios, un proyecto que comparten a día de hoy solamente Ciudadanos y el Partido Popular. Montserrat ha pedido que se estudie la jurisprudencia del Supremo y las distintas legislaciones al respecto que conviven en España. Así como que se determine su impacto en los niños y en las familias.

Dolors Montserrat se ha marcado como prioridad, además, favorecer la conciliación familiar y laboral, que entiende como "no como una opción sino como un derecho". Su departamento se ha propuesto realizar un nuevo diagnóstico de la situación de las familias, que no se hace desde hace cinco años, para recoger los cambios sociales, y las necesidades de las nuevas familias, entre las que ha citado el auge de las monoparentales y las necesidades de las grandes familias numerosas, las que tienen más de cuatro hijos.

Respecto a las situaciones de violencia sufrida por los niños y niñas, la ministra ha reconocido que necesita una regulación que facilite una respuesta más eficaz a la violencia contra la infancia, así como medidas preventivas, entre las que destacó la concienciación.

Save The Children presentó este martes una campaña, #LosUltimos100, para exigir al Gobierno la aprobación este año una ley integral para la erradicación de la violencia contra la infancia y la adolescencia. La ONG recordó que al menos cien niños habían fallecido en los últimos siete años por abusos, malos tratos, violencia de género, o suicidios por acoso escolar.

La ministra se ha comprometido a que esta ley sea una realidad antes del final de la legislatura, en concreto a presentar a las Cortes "una ley que va a ser un gran avance en beneficio de nuestros menores" y cuyo texto, ha dicho, está ya muy avanzado.

Entre otros anuncios ha informado de que el Gobierno está expectante ante la próxima conclusión del informe que servirá para redactar el proyecto de ley sobre menores y alcohol, ha asegurado que se permitirá el acogimiento de menores desamparados en comunidades autónomas distintas a las del origen de los niños y niñas para favorecer su integración familiar, y que se ampliará de 4 a 5 semanas el permiso de paternidad, una medida vinculada a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, ha recordado.

En su turno de palabra, los portavoces de la oposición le han recordado a la ministra que España es el segundo país de Europa con mayor pobreza infantil, después de Rumanía, que uno de cada tres menores en el país está en riesgo de pobreza. Han pedido reformas legales para proteger a la infancia en el marco de la violencia de género y han insistido en la premura de aprobar a corto plaz una ley para erradicar la violencia contra los niños y las niñas.