Un juez federal de Brasilia ordenó este jueves la retirada del pasaporte al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, condenado la víspera a doce años de prisión por corrupción, y le prohibió salir de Brasil, informaron fuentes oficiales.

La decisión, ya comunicada a la Policía Federal, responsable del control en las aduanas de los aeropuertos, se adoptó pocas horas antes del viaje que el exjefe de Estado tiene planeado a Etiopía para participar en un acto sobre la lucha contra el hambre en el mundo organizado por la FAO en el marco de la Trigésima Cumbre de la Unión Africana.

La orden fue emitida por el juez décimo federal de Brasilia, Ricardo Leite, en un proceso diferente al que concluyó el miércoles con la condena de Lula, y confirmada por la Policía Federal y el Ministerio de Justicia.

"El director general de la Policía Federal, Fernando Segovia, comunicó por teléfono en la noche del jueves al ministro de Justicia, Torquato Jardim, la decisión de la Justicia Federal de impedir que el expresidente abandone el país", según la asesoría de prensa del Ministerio.

De acuerdo con la misma fuente, el ministro pidió al director de la Policía Federal que comunique a Lula la decisión en su residencia para evitarle situaciones embarazosas.

La orden de retención del pasaporte fue emitida por el juez de Brasilia que investiga las acusaciones contra Lula por supuesto tráfico de influencias en el proceso que concluyó con la decisión del Gobierno de Brasil de adquirir 36 cazabombarderos a la empresa sueca Saab.

Lula fue imputado en ese proceso en diciembre de 2016 después de que el juez considerara procedentes las acusaciones de que el expresidente intervino en la elección del vencedor de la millonaria licitación en su condición de exgobernante y gracias a su influencia en el Gobierno de su sucesora, Dilma Rousseff.

Este es uno de los siete procesos judiciales que afronta el exjefe de Estado, en su mayoría por corrupción y en uno de los cuales fue condenado el miércoles en segunda instancia.

Los tres jueces que integran la octava sala del Tribunal Regional Federal de la 4ª Región de la ciudad de Porto Alegre decidieron por unanimidad confirmar la condena de Lula en primera instancia por corrupción y lavado de dinero, y elevar su pena a doce años y un mes de prisión, frente a los nueve años y medio a que había sido condenado en primera instancia.

La decisión, aunque es apelable, complica las opciones del exgobernante (2003-2010) para disputar las elecciones presidenciales de octubre próximo ya que, según la legislación brasileña, los condenados en segunda instancia no pueden ser postulados.

No obstante, la última palabra sobre la candidatura de Lula, que lidera todos los sondeos de opinión y ha manifestado su intención de presentarse, estará en manos de la Justicia Electoral.

Pese a la decisión judicial, la dirección ejecutiva nacional del Partido de los Trabajadores (PT) anunció este jueves de forma unánime la decisión de presentar a Lula como su candidato en las presidenciales de octubre.

"Yo acepto la indicación de precandidato del Partido de los Trabajadores", respondió el exlíder sindicalista, de 72 años, quien precisó que la candidatura "no puede depender solo de Lula", e instó al partido a seguir luchando ante "un hecho indeseado", como podría ser su inhabilitación política o incluso un posible ingreso en prisión.