La actividad regresa este martes al Pleno del Congreso, ocho semanas después de que el pasado 13 de diciembre los diputados ocuparan por última vez sus escaños. Desde entonces, las elecciones catalanas y la incertidumbre en torno a la investidura de un president han puesto patas arriba el tablero político, y PSOE y Unidos Podemos se han afanado en priorizar la agenda social para que la cuestión territorial –terreno donde no se mueven demasiado cómodos– no acapare todos los titulares. Así, entre sus grandes apuestas a medio plazo hay iniciativas sobre pensiones, educación, dependencia o brecha salarial, entre otras materias.

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, único líder de uno de los cuatro grandes partidos que no tiene acta de diputado, se reunió el pasado martes con la dirección del grupo socialista, encabezado por Margarita Robles. El encuentro, apuntan fuentes consultadas por 20minutos, sirvió para "fijar las prioridades para el nuevo periodo de sesiones" en la Cámara baja. Estas mismas voces subrayan que el objetivo es "dar la batalla en la agenda social". Sánchez lleva semanas pidiendo que se dediquen "al menos" tantos esfuerzos a los desafíos sociales, económicos, democráticos, sociales y del medio ambiente como al debate territorial.

Entre las primeras propuestas que los socialistas quieren que se debatan en el Pleno está una proposición de ley de mejora de la transparencia para los consumidores. La norma busca eliminar las cláusulas abusivas, y hacer más comprensible y completa la información de la que se dispone antes de contratar un servicio o producto. El PSOE espera que pueda debatirse ya la próxima semana. Otras de las prioridades del grupo tienen que ver con la aprobación de propuestas para rebajar las costas procesales, y para indemnizar y atender las víctimas del amianto, material cancerígeno utilizado antaño en la construcción y la industria.

El plan del grupo se completa con propuestas para mejorar las pensiones de orfandad y hacer frente a la violencia de género, con especial atención al cumplimiento y la dotación presupuestaria del pacto de Estado firmado en septiembre y que apenas se ha puesto en marcha, denuncia el PSOE. Además, fuentes del grupo señalan que quieren abrir "el debate sobre la muerte digna" y que se buscará aprobar la iniciativa legislativa popular de los sindicatos para establecer una renta mínima de 426 euros al mes, que se admitió a trámite en febrero de 2017 y sigue atascada en los trámites de la Comisión de Empleo.

Finalmente, tal como avanzó el viernes la secretaria de Igualdad socialista, Carmen Calvo, se presentarán dos proposiciones de ley para atajar la brecha salarial que sufren las mujeres y garantizar su igualdad en el ámbito laboral. La propuesta del PSOE contemplará la posibilidad de sancionar a aquellas empresas que incumplan la norma. En palabras de Calvo, no se puede confiar "en que la brecha salarial se va a resolver por autorregulación o buena voluntad". Ambas iniciativas se registrarán en la Cámara baja antes del 8 de marzo, jornada en las que están convocados paros y una huelga feminista.

Los socialistas consideran intolerables las declaraciones del presidente Mariano Rajoy sobre esta materia: "No nos metamos en eso", replicó en una entrevista en Onda Cero a la pregunta de si obligaría por ley a las empresas a pagar lo mismo a hombres y mujeres. Pese a que el líder del Ejecutivo rectificó días después, la portavoz parlamentaria socialista, Margarita Robles, no quiere dejar pasar el primer Pleno sin afearle a Rajoy esas palabras. Salvo cambio de última hora por motivos de actualidad, su primera pregunta al presidente será esta: "¿Va a seguir el Gobierno sin tomar medidas contra la brecha salarial?".

También la portavoz de Unidos Podemos, Irene Montero, ha registrado una pregunta sobre esta materia, en su caso a la número dos del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría: "¿Considera la vicepresidenta que la discriminación salarial es un asunto en el que su Gobierno debe meterse, o mejor no nos metemos en eso?", será la cuestión que le formule este miércoles. Pablo Iglesias, por su parte, atacará a Rajoy con una pregunta sobre corrupción: "¿Le ha sorprendido a usted que Ricardo Costa, que fue secretario general del PP valenciano, haya afirmado en sede judicial que el PP se financiaba con dinero negro?", es el texto que ha registrado.

Este mismo lunes, Unidos Podemos entregará 50.000 firmas para solicitar la creación de una comisión de investigación sobre el accidente de Spanair (2008), en el que fallecieron 154 personas. La iniciativa, promovida también por la asociación de afectados del vuelo siniestrado, sigue la estrategia de Pablo Iglesias de aliarse con movimientos sociales y plataformas ciudadanas, que fijó ya en el Consejo Ciudadano estatal de mediados de enero. En las últimas semanas, el grupo ha registrado proposiciones de ley, por ejemplo, para incrementar las penas al maltrato animal o para mejorar las condiciones laborales de los bomberos forestales.

A medio plazo, según las fuentes consultadas por este diario, el grupo morado también impulsará iniciativas para promover la gratuidad de las escuelas infantiles y del material escolar, así como para mejorar la financiación de dependencia. Además, tratará de que llegue al Pleno del debate sobre pensiones, para que vuelvan a estar vinculadas al IPC y se mejore su financiación. Y, por último, Podemos planteará una enmienda a la totalidad de los Presupuestos Generales del Estado basada en los presupuestos alternativos que presentó la semana pasada, que contemplan elevar el gasto público en 24.500 millones y un alza de impuestos.

En todo caso, en el PSOE y Unidos Podemos admiten que muchas de estas iniciativas no prosperarán, incluso si existiera una mayoría de diputados dispuestos a apoyarlas. Hay dos motivos fundamentales: el uso que el Gobierno hace de su facultad de veto para que las leyes de la oposición no se tramiten –vetos que mantiene con la ayuda de Cs en la Mesa del Congreso–, y las ampliaciones de los plazos de enmiendas que decide este mismo órgano de gobierno de la Cámara, y que impiden que las normas lleguen al Pleno y, por tanto, a aprobarse. A modo de ejemplo, una proposición de ley para suspender el calendario de la LOMCE lleva en el trámite de enmiendas desde el 15 de diciembre de 2016. "Es muy frustrante", admiten fuentes de la dirección del grupo socialista.