Olga Veloso aún está en tratamiento psiquiátrico. Aún tiene que tomar pastillas para la depresión. Y aún duerme con dificultad. Son varias las ocasiones en las que no puede contener las lágrimas cuando cuenta su historia, cuando recuerda que estuvo a punto de ser desahuciada de su casa y cuando relata que cinco años después, teme tener que enfrentarse a la misma pesadilla.

Esta ecuatoriana y su marido, en España desde hace veinte años, compraron una vivienda en el madrileño barrio de Vallecas en 2006. Los dos tenían trabajo, habían juntado unos ahorros y Bankia les concedió la hipoteca "sin problema". Olga recuerda la felicidad de aquel momento, una felicidad que se fue empañando a medida que la cuota mensual subía, hasta el punto de llegar a suponer la suma de ambos sueldos. La situación se agravó cuando la empresa en la que él trabajaba dejó de pagarle con regularidad.

"En ese momento íbamos al día en los pagos. Antes de deber nada acudimos al banco y le ofrecimos el piso a cambio de que nos cancelara la deuda",  relata. La respuesta con la que se toparon fue negativa pero obtuvieron lo que creyeron que era una alternativa: "Nos dijeron que fuésemos ingresando lo que pudiésemos. No podíamos hacer frente a toda la mensualidad pero sí a una parte y fuimos pagando. Nunca dejamos de hacerlo".

Aquella oferta sin embargo no quedó por escrito y Olga no pudo hacer nada cuando un año después, al intentar cambiar de compañía telefónica, le informaron de que se encontraban en una lista de morosos. "Ahí nos enteramos. Iniciaron un proceso judicial del que no nos informaron. Nosotros no hemos sido unos dejados. Hemos estado siempre pendientes pero ahí sí dejamos de pagar porque nos dimos cuenta de que lo del último año no había servido de nada", defiende. "Entonces empezaron a embargarnos lo que mi marido iba cobrando y ya sí nos llegó el proceso judicial", continúa.

Esta mujer se convirtió entonces en una de las caras visibles del movimiento antidesahucios. Corrían los años 2012 y 2013 y el drama por el que atravesaban miles de personas copaba los medios de comunicación. Los afectados se habían unido en plataformas y gracias a la presión social evitaron numerosos lanzamientos. Este matrimonio y su hija, que hoy tiene 24 años, tuvieron que hacer frente a dos intentos. Con el tercer aviso notificado, lograron que Bankia se aviniera a concederles un alquiler social. Pero antes de firmar, su piso pasó a depender de  la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb). Ahí arrancó otra lucha de varios meses, hasta que el denominado banco malo aceptó mantenerles la opción de un arrendamiento asequible: "Fuimos los primeros a los que la Sareb les dio esa posibilidad".

Olga revive aquellos momentos con dolor. No ha podido pasar página porque su situación "no se ha resuelto". Tras haber sido prorrogado el periodo inicial, su contrato de alquiler expira el próximo mes de junio. "Ya nos llegó la carta en la que se nos informaba de que este iba a ser el último año y de que tenemos que entregar las llaves", explica. Pero tanto ella como su marido siguen en el paro y el único ingreso con el que cuentan es una ayuda de la Comunidad de Madrid. "Los dos tenemos 50 años y no encontramos trabajo. Alguna cosa nos ha ido saliendo, pero de días. Yo he hecho cursos pero nunca me han llamado", lamenta.

Ella cree que el suyo no será el único caso que volverá a reactivarse: "Hay mucha gente que va a salir porque esto solo se calmó. Hay personas con alquileres sociales y moratorias que se irán cumpliendo y que siguen sin encontrar trabajo. Vendrán en masa todos aquellos que ahora están dormidos y ahí va a ser visible lo que ahora creen que está solucionado".

El Gobierno prorrogó hasta 2020 la moratoria antidesahucios para colectivos vulnerables pero la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) coincide en señalar que "la emergencia habitacional", lejos de solucionarse, ha empeorado. Ya no son tan mediáticos, pero actualmente hay un desahucio cada ocho minutos. Y si los hipotecarios caen, los que corresponden a arrendamientos se incrementan. Con el objetivo de solventar el problema, la asociación ha presentado una Proposición de Ley de Vivienda en el Congreso y está a la espera de saber si el Ejecutivo la vetará o si por el contrario podrá seguir el trámite parlamentario.

Olga y su familia, con la nacionalidad española desde hace más de una década, invirtieron en un inmueble en España porque no entraba en sus planes volver a Ecuador. "Esta es mi patria y la quiero. Aquí aprendí muchas cosas, con llantos y con sonrisas, y he conocido a muchos valientes que han luchado por los problemas de otra gente", destaca. Empieza a enumerar nombres y se detiene cuando menciona a Tatiana Roeva, quien fuera psicóloga de la plataforma y su "apoyo más grande", su "hermana", la que le dio la fuerza necesaria para enfrentarse a su situación. El suyo fue el primer desahucio que paró la PAH de Madrid el 15 de junio de 2011 y consiguió que el banco aceptase la dación en pago.

Doce años después de la compra más importante de su vida, Olga ya no descarta regresar a su país natal, pero no lo hará antes de solucionar otro de sus frentes abiertos: la deuda que sigue teniendo con Bankia. "Estamos intentando la condonación pero ya no puedo entregar el piso porque no es mío. No tengo con qué negociar. No tengo nada", reconoce.

Por eso, porque no tiene nada, confía en que finalmente la Sareb acepte mantenerle el alquiler social. "No tengo a dónde ir. No puedo pagar un alquiler normal. No nos llega con la ayuda que recibimos. Y cuando vas a alquilar te piden un contrato, nóminas, aval… Nosotros estamos hasta en una lista de morosos", argumenta. "Hemos estado pagando religiosamente mes a mes. Espero que demostrando la situación en la que estamos nos lo vuelven a renovar. Yo tengo esperanza", concluye.