El exconsejero madrileño Francisco Granados ha cargado este lunes ante el juez de Púnica contra los expresidentes Esperanza Aguirre e Ignacio González y la actual presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes.

Los tres, según su testimonio, estuvieron al tanto de la supuesta financiación irregular del Partido Popular en la Comunidad; en el caso de Cifuentes, desde su cargo de secretaria de Política territorial del PP madrileño y por una supuesta relación "sentimental" con González.

Al salir de la declaración en la Audiencia Nacional, que se ha producido a petición propia y que continuará la próxima semana, Granados ha asegurado a los medios de comunicación, sin embargo, que él no ha acusado a nadie y que 'no tiene' documentos que confirmen lo que ha declarado. Asimismo, ha añadido que las acusaciones contra él son "injustas".

En la sala, para empezar, ha explicado que en las elecciones autonómicas de 2007 y 2011 se estableció una estructura para reforzar las campañas de Aguirre cuyos fondos cree que provenían de dinero público. Fue, ha dicho, González quien dirigió "en una primera fase" esa campaña "paralela de refuerzo" y que se pagó "a través de gastos de publicidad que se encargaban a empresas del ámbito de la Comunidad de Madrid".

Fuentes presentes en la declaración han indicado que Granados ha dicho ante el juez que intuye que el dinero provenía de fondos de publicidad del Canal de Isabel II y de la propia Comunidad. No obstante, Granados se ha desentendido de esa financiación paralela porque, aunque era secretario general del partido, no ejercía como tal, y ha atribuido a Aguirre y a González el control de todo lo que se hacía en la región.

Así, el supuesto cerebro de la trama ha afirmando que los dos primeros eran responsables de todos los nombramientos, "y no sé si en ese orden". "Ya sé que sale alguno diciendo que no traigo documentos", ha dicho en clara alusión al ministro de Justicia, Rafael Catalá. "Yo no me llevo ningún papel para sacarlo cuando interesa. No tengo ningún documento, pero todo lo que he dicho hoy se puede comprobar", ha reiterado.

También ha manifestado que todos los asuntos que se trataban en el Consejo de Gobierno los controlaban Aguirre y González, y ha destacado que la expresidenta cambió la gestión del Plan Prisma -plan regional de inversiones y servicios- porque estaba harta de dar dinero a alcaldes, fundamentalmente del PSOE, para obra pública y que no la invitaran a las inauguraciones.

Por eso decidió que fuera la Comunidad de Madrid la que hiciera directamente esas obras a través del plan Prisma, según han explicado a Efe, durante un receso, fuentes presentes en la declaración de Granados, que se produce a petición propia. En un momento dado, informa Europa Press, ha llegado a decir que el expresidente González y su sucesora, Cifuentes, mantuvieron una relación sentimental.

En cuanto a la empresa pública Arpegio, ha indicado que Aguirre acordó delegar toda la responsabilidad en el entonces consejero delegado Eduardo Larraz, también imputado en Púnica, y que por eso él se desentendió del funcionamiento de esta empresa porque era lo que menos le importaba.

Granados ha vuelto a defender que el dinero que tenía en Suiza, 1,6 millones de euros, lo obtuvo de su actividad en la bolsa cuando trabaja en la entidad Crédit Lyonnais y que cuando traspasó esta cantidad a su exsocio David Marjaliza, este le cobró una comisión de 200.000 euros por la operación.

En cuanto a las adjudicaciones de obra pública en materia de infraestructuras, ha explicado que en las obras del metro, al principio, se contrataba a las grandes empresas porque eran las que disponían de tuneladoras, pero, más adelante, y en otras obras como tranvía o metro ligero, se empezó a contratar a constructoras medianas.

A este respecto, Marjaliza señaló en una de sus comparecencias que el exconsejero madrileño comentó en una cena que las licitaciones que se llevaban las grandes constructoras, él intentó dárselas a empresas medianas (Albi, San José, Teconsa), y que el empresario Florentino Pérez, molesto por ello, se habría encargado de lograr que su jefa, Esperanza Aguirre, le cesara como consejero.

Por su parte, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha anunciado que va a presentar "de inmediato" una querella contra el exconsejero madrileño por "un cúmulo de falsedades y un grave atentado contra su honor y su imagen".

Ha dicho, además, que le da "exactamente igual" lo que diga Granados, "un presunto delincuente" que en su estrategia de defensa "quiere involucrar a todo el mundo". Ha insistido en que ella es solo responsable de su etapa de gestión, no de lo que hayan hecho gobiernos anteriores.

Granados, ha recordado Cifuentes, ha estado en la cárcel más de dos años, "es un presunto delincuente y supongo que todas las declaraciones que está haciendo tienen mucho que ver con su estrategia de defensa", en la que quiere "involucrar a todo el mundo".

"Lo único que quiero respecto a Francisco Granados o a cualquier otra persona de mi partido o de cualquier otro partido que haya estado o esté en un procedimiento de corrupción es que la Justicia actúe cuanto antes, con total contundencia", ha dicho.