El juzgado de instrucción número 2 de Girona, que investiga las cargas policiales del 1-O, ha comenzado a tomar declaración a los más de 200 afectados que presentaron denuncia.

Asistidos por abogados voluntarios, este lunes una veintena pasarán ante la jueza. El día del referéndum estaba en los colegios electorales de Pedret, el centro cívico Ernest Lluch o en el pabellón de Sant Julià de Ramis.

La declaración de los afectados, a los que se les unirá la querella conjunta interpuesta por los ayuntamientos, se alargará hasta el 12 de abril. Los abogados voluntarios se centran en demostrar que la actuación policial fue "desproporcionada".

Una postura que contrasta con la de la fiscal. Entre otros, según explicaban los mismos denunciantes después de salir de sala, la fiscal les ha pedido por qué habían dedicido participar en un "referéndum ilegal" y la jueza, a su vez, si fueron a los colegios "para impedir alguna cosa" (en referencia a la retirada de las urnas).

La mayoría de ellos han respondido que durante el 1-O estaban allá para ejercir su derecho a voto.