Entidades piden que un 30% de las nuevas construcciones de Barcelona sean vivienda pública

  • Las cinco medidas las presentarán en una moción en el pleno del Ayuntamiento el próxim 23 de febrero.
  • La última propuesta serviría para convertir en residenciales algunos edificios públicos que no estaban destinados a viviendas.
Manifestació de la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca (PAH) en el centre de Barcelona.
Manifestació de la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca (PAH) en el centre de Barcelona.
Gisela Jimeno
Manifestació de la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca (PAH) en el centre de Barcelona.

Varias entidades sociales han propuesto hoy cinco medidas para solucionar la crisis de la vivienda en Barcelona, entre ellas que el 30 % del espacio de edificios de nueva construcción se destine a vivienda pública o que en los alojamientos turísticos se ceda un 40 % en otro edificio del distrito.

Las propuestas las han elaborado y presentado esta mañana de martes en una rueda de prensa la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), el Observatorio de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC), la Federación de Asociaciones de Vecinos y Vecinas de Barcelona (FAVB), el Sindicato de Inquilinos y la Asamblea de Barrios para el Turismo Sostenible (ABTS).

Las cinco medidas las presentarán en una moción en el pleno del Ayuntamiento el próximo día 23 de febrero. La primera medida contempla que los nuevos edificios que se construyan en la ciudad o que se sometan a una rehabilitación integral destinen el 30 % de metros a viviendas públicas.

La segunda medida plantea que, en la implantación de alojamientos turísticos, se destine el equivalente al 40 % del espacio del edificio a vivienda pública, pero en otro inmueble del distrito. La tercera propuesta plantea la declaración de algunas zonas de la ciudad como Zonas de conservación y rehabilitación.

La última propuesta serviría para convertir en residenciales algunos edificios públicos que no estaban destinados a viviendas, además de buscar otros susceptibles de ser expropiados o comprados por el ayuntamiento para integrarlos en el parque público de vivienda.

Las entidades también han planteado la creación de un grupo de trabajo que analice la implementación de la moción y que se incorpore al Consejo de la Vivienda Social de Barcelona.

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