Tras anunciar el lunes que Barcelona contará con una nueva modalidad de vivienda social, la prefabricada, el gobierno municipal ha dado a conocer este miércoles los detalles del proyecto que lo hará posible, que se denomina APROP y tiene como objetivo acelerar el proceso de ampliación de la oferta habitacional de la ciudad dirigida a los ciudadanos más vulnerables.

En total está previsto construir 92 pisos de este tipo en el marco de una prueba piloto, que servirán para alojar a unas 250 personas, costarán 5,3 millones de euros y estarán situados en tres edificios que se construirán en solares que el Ajuntament tiene en tres distritos: Ciutat Vella, Sants-Montjuïc y Sant Martí. La previsión es que estén terminados antes de que acabe el año.

La teniente de alcaldía de Derechos Sociales, Laia Ortiz, ha explicado que las viviendas tendrán un máximo de 60 metros cuadrados y que 71 contarán con dos dormitorios, mientras que en las otras 21 habrá uno.

Estos pisos, ha asegurado, por su parte, la alcaldesa, Ada Colau, serán de "altísima calidad" y se destinarán sobre todo a quienes están en el registro de solicitantes de alquiler público pero también a otros colectivos, como por ejemplo "familias con necesidades urgentes, jóvenes o gente mayor".

La voluntad del Consistorio es extender progresivamente a los 10 distritos de la capital catalana este tipo de viviendas, que tienen la ventaja de que pueden estar listas en nueve meses, a diferencia de las tradicionales, cuya construcción es más lenta porque pasan entre seis y siete años desde que se inician los trámites administrativos para poder empezar las obras hasta que estas se completan.

Y es que los edificios prefabricados se hacen en parte en talleres de manera industrial, gracias a la digitalización, y eso permite dar forma a varias plantas simultáneamente, lo que no es posible con el método constructivo tradicional.

Sin embargo, este tipo de viviendas, ha señalado Colau, tienen un inconveniente, y es que "su vida es más corta" que la de las de obra –el Ajuntament prevé alquilarlas por ciclos de seis años, como hace con todos los pisos de la bolsa de alquiler municipal, y que duren un mínimo de dos ciclos–.

Por este motivo, estos hogares sociales no sustituirán a ninguno de los 4.000 de construcción tradicional que se prevé que estén hechos o en proceso cuando acabe este mandato.

Si se empezará por instalar los pisos prefabricados en Ciutat Vella, Sants-Montjuïc y Sant Martí, es porque se trata de los tres distritos de Barcelona con más problemas de gentrificación, fenómeno por el cual los vecinos de toda la vida se ven obligados a abandonar su barrio porque este se revaloriza y no pueden hacer frente al precio de la vivienda.

En cuanto a los solares donde se ubicarán, Ortiz ha apuntado que "todavía hay que acabar de ultimar" su elección, pero ha dicho que se trata de terrenos vacíos a la espera de equipamientos. Mientras estos no se construyan, darán cabida a los edificios prefabricados, que serán desmontables y se podrán trasladar a otro lugar cuando la situación lo requiera.

Los nuevos bloques de pisos incluirán en algunos casos equipamientos públicos, a determinar de la mano de entidades de la ciudad.

Colau ha denunciado que "no es normal que la administración de proximidad que es el Ajuntament sea la única que da la cara por un derecho fundamental como es la vivienda" y ha exigido al Gobierno y a la Generalitat que asuman sus competencias. Ha apuntado que el Consistorio terminará este mandato con 66 promociones en curso, frente a las seis que la Generalitat tiene en marcha ahora.

Los pisos prefabricados del gobierno de Colau se inspiran en otros que existen en lugares como Copenhague, Vancouver o Amsterdam, ciudad que un equipo municipal visitó hace un año para conocerlos de cerca.