La Guardia Urbana de Barcelona ha desalojado a las 8:00 horas de esta mañana un edificio propiedad del Ayuntamiento situado en la calle de Sant Ramon, en el barrio del Raval, que había sido okupado por unas 25 personas, entre ellas familias con menores. Los okupas llevaban unas dos semanas residiendo en este bloque que ha sido desalojado durante 2 horas aproximadamente.

El edificio alberga 11 viviendas y había sido adquirido y rehabilitado por el Consistorio para ser destinado próximamente a alquiler social.

Tras percatarse el pasado miércoles por la tarde de que diversas personas habían accedido al inmueble, efectivos de la Guardia Urbana se personaron anoche en el lugar y acordonaron la zona.

Este jueves han acudido al edificio cinco furgonetas con agentes antidisturbios de la Guardia Urbana para desalojar a los ocupantes.

El Centre de Urgencias y Emergencias Sociales de Barcelona (Cuesb) ha atendido a diez personas, entre ellas un menor.

De las diez personas atendidas, sólo tres han aceptado un recurso de alojamiento --dos adultos y un menor--, y en los otros siete casos no se ha apreciado una situación de vulnerabilidad porque tenían o bien red familiar o recursos económicos.

El desalojo se produce en medio de la polémica en el Raval por las denuncias vecinales contra la proliferación de "narcopisos", viviendas ocupadas por narcotraficantes que crean inseguridad en el barrio.

Hati, una de las víctimas del desalojo ha asegurado que aunque les acusen de narcotraficantes, ellos no negocian con droga, "lo han dicho para echarnos". Este joven, que ha crecido en el barrio y que actualmente se encuentra en la calle con un hijo de meses ha expresado indignado: "Nos echan para meter a gente que tiene dinero para pagar. Este es mi barrio. Des del  88 he vivido en este barrio, en la calle d'En Robador, iba al colegio aquí y ahora me dicen que mi hijo no puede crecer aquí".

Mohamed Alfaiá entró a vivir en el segundo segunda del número 1 de la calle Sant Ramon hace dos semanas y 4 días cuando un hombre de nacionalidad española les ofreció a él y a su primo la oportunidad de "comprar" un piso por 500 euros. "Nos dio la llave y desapareció. De hecho este jueves le he estado llamando para informarle de que nos echaban pero no me responde" cuenta este joven que como muchos de los otros okupas ha crecido en el barrio. " Ahora voy a buscar otro piso para okupar, pagar no puedo. Obviamente si están vacíos no los vamos a dejar vacíos".

La concejal de la CUP en Barcelona Eulàlia Reguant ha valorado negativamente el desalojo este jueves del edificio porque, según la exdiputada, en él había personas en situación de "emergencia habitacional".

En declaraciones a los medios, ha rechazado que el Gobierno municipal haya enviado seis unidades de la Guardia Urbana a desalojar y ha defendido que "las 'okupaciones', la inmensa mayoría de veces, responden a una necesidad vital de tener un techo en el que vivir".

"Es el Ayuntamiento quien directamente manda a la Urbana, en este caso a los UPAS (Unidad Policial Administrativa y de Seguridad), esa fuerza que hace años que se tendría que haber disuelto", ha valorado, y ha acusado al Ejecutivo de Ada Colau de no usar los cauces correctos para el desalojo.

La teniente de alcalde de Derechos Sociales de Barcelona, Laia Ortiz, ha defendido que el desalojo de este jueves de la finca destinada a alquiler social responde a la voluntad del consistorio de "preservar y proteger" el parque de vivienda social.

En un comunicado que ha echo llegar a los medios de comunicación, el Consistorio ha remarcado que "el Ayuntamiento de Barcelona tiene la obligación de defender el parque público de vivienda y a los adjudicatarios del mismo. Los procesos para llevar a cabo estas adjudicaciones son totalmente transparentes y se hacen en base a los requisitos establecidos".