La delegada del Gobierno en Extremadura, Cristina Herrera, ha presidido, junto al alcalde de Olivenza, Manuel José González, la Junta Local de Seguridad de esta localidad con motivo de la próxima celebración de esta feria.

En coordinación con la Guardia Civil y con la Policía Local, en la reunión se han establecido los dispositivos de tráfico y de seguridad para dichos días.

Para ello, la delegada del Gobierno, Cristina Herrera, ha confirmado que serán aproximadamente 450 los agentes que velarán por la seguridad en la Feria en el cómputo total de las jornadas, entre agentes de Tráfico, Seguridad Ciudadana y Unidades Especiales, incluida la presencia de unidades de apoyo de USECIC de la Comandancia de Badajoz y de la Unidad de Intervención (GRS) de Sevilla.

Además, se sumará un helicóptero perteneciente al Servicio Aéreo Sur de la Guardia Civil, según ha informado la Delegación del Gobierno en nota de prensa.

"El objetivo es ofrecer la mayor sensación de seguridad posibles a las zonas donde se concentran más personas durante la feria, como en el propio recinto, la zona del 'botellón' o las proximidades de la Plaza de Toros", ha destacado.

En este sentido, la delegada del Gobierno ha advertido de que en los últimos años, y gracias a la colaboración de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la Policía Local, la Feria del Toro ha destacado por su seguridad y no se han producido incidentes relevantes. Así, el año pasado fueron escasas las denuncias por robo de bolsos, teléfonos móviles o entradas de las corridas de toros.

Además, se va a recomendar a los aficionados taurinos que acudan a la plaza con tiempo suficiente el día de los festejos con el fin de evitar aglomeraciones, teniendo en cuenta que las puertas del coso se abrirán dos horas antes de cada corrida.

La delegada del Gobierno también ha resaltado que durante el año pasado Olivenza siguió siendo una ciudad "muy segura", donde incluso los delitos graves/menos graves han descendido de 125 en el año 2016 a 121 en el 2017, mientras el número de infracciones penales ha variado de 258 a 268.

Asimismo, el número de detenidos ha pasado de 47 a 23 y el número de investigados ha ascendido de 60 a 70 de 2016 a 2017. Por último, el número de infracciones administrativas por consumo de drogas en vías públicas ha bajado de 22 a 10.