El acuerdo, que lleva la firma del Fiscal General del Estado, Julián Sánchez Melgar, se produce en respuesta a la solicitud cursada el pasado día 5 de febrero por la Fiscal Superior de la Comunidad, Lourdes Rodríguez Rey, y ha sido tomado una vez oído tanto el Consejo Fiscal como la propia Esther Pérez Jerez, sin que el Fiscal Jefe Inspector pusiera objeción alguna.

Y es que el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal establece que el Fiscal General del Estado podrá designar a cualquiera de sus miembros

para que actué en un asunto determinado, ante cualquiera de los órganos jurisdiccionales en que la acusación pública está facultada para intervenir, oído el Consejo Fiscal (art.26).

La "trascendencia y complejidad" es la fundamentación esgrimida para que Esther Pérez, que el pasado martes tomó posesión en Madrid de su puesto de inspectora de la FGE, continúe al frente de la acusación pública en las diligencias previas que se siguen en el Juzgado de Instrucción número 2 sobre el 'caso de La Perla Negra', hasta que otro fiscal de Fiscalía Provincial la releve en el puesto, y también en la investigación del Juzgado de Instrucción número 4 sobre el 'caso Samaniego', en este último incluida la celebración del juicio oral.

NUEVAS DECLARACIONES EL LUNES

Por ello, Esther Pérez volverá a ejercer como acusadora pública en los interrogatorios que este próximo lunes retomará el Juzgado de Instrucción número 2 encargado de investigar a una treintena de personas, entre empresarios y cargos y exaltos cargos de la Junta, por malversación en las operaciones de alquiler y compra del Edificio de Soluciones Empresariales de Arroyo ('La Perla'), así como de terrenos para el fallido polígono industrial de Portillo y el alquiler de la sede de la Administración regional en Bruselas.

Así, para ese día está previsto que comparezcan, en calidad de investigados, el abogado Jesús Rodríguez Recio y el que fuera director financiero de ADE Parques Financieros, Francisco Armero.

El primero figura en la causa como presunto 'testaferro' del ex viceconsejero y ex secretario de Economía, Rafael Delgado, y ha sido citado para aclarar fundamentalmente la compra de un piso en el Paseo de Zorrilla a favor de este último en el que actuó como mediador.

En concreto, Rodríguez Recio, en nombre de la sociedad Nehmo Holding S.A, con sede social en Ginebra (Suiza), negoció en abril de 2012-como así acreditan distintas correos-la adquisición de este inmueble en favor de la sociedad Samuño Activos, de Rafael Delgado.

El inmueble fue transmitido por la mercantil Nereo, vinculada a Carlos González Maestro, a su vez administrador de Parque Empresarial de Portillo y asesor de Urban Proyecta, que inicialmente lo adquirió a TecnicyL, del investigado Ángel Montes.

El supuesto 'testaferro' de Delgado ya figura como investigado también en la denominada 'trama eólica' que se sigue en el Juzgado de Instrucción número 4 de la capital.

AHORA VOLUNTARIAMENTE

Por su parte, el que fuera director financiero de ADE Parques hasta mayo de 2012, Francisco Armero Gutiérrez, declarará ahora tras haberlo así solicitado, después de que el 15 de junio de 2016 se acogiera a su derecho de no declarar ante el juez instructor, César Gil Margareto.

La declaración de Armero tiene su interés ya que desde el puesto que ocupó en ADE dio luz verde al pago de 4,4 millones por el amueblamiento de la 'Perla Negra', importe abonado a la empresa Unifica, la misma que había reformado la sede del PP en Génova.

Dicha operación es la que llevó a la Junta a solicitar personarse en la causa como acusación particular y a la apertura de una pieza separada-el juez ha rechazado tal pretensión-por entender que la misma había causado un perjuicio económico a la Administración regional por haberse adjudicado de forma directa por el entonces exviceconsejero de Economía, Rafael Delgado.

Pero además, el exdirector financiero de ADE participó también, supuestamente, en los contactos directos con Parque Empresarial de Portillo y Cementos La Bureva para la compra de terrenos en dicha localidad con el fin de crear un parque industrial que finalmente no se llevó a término pese a desembolsar 34 millones de euros, tal y como indicó en 2016, en sede judicial y también como investigado, el exdirector general de ADE Parques Tecnológicos y Empresariales, Jesús Jiménez Miguel.

Este último reconoció además haber participado en una reunión, con presencia de Armero, que tuvo también como interlocutores al consejero de Economía, Tomás Villanueva; al consejero delegado de Gesturcal, Rafael Delgado, y a la presidenta de dicha empresa pública, Begoña Hernández, que tuvo por finalidad aplacar los recelos que la operación suscitaba en esta última.