No obstante, ha indicado que realmente "el número de las infraestructuras con estos problemas debe ser mucho mayor, ya que la mayor parte del parque educativo de Andalucía no se construyó siguiendo los patrones de eficiencia energética que actualmente son obligatorios".

En este sentido, Serrato ha puesto como ejemplos el IES de Almijara en Nerja, "donde a los problemas de temperatura se les une la gran humedad que sufren"; o los institutos Mercedes Labrador de Fuengirola o el colegio Ciudad de Mobile de Málaga capital, "que en los meses más cálidos del curso tienen que cambiar de ubicación a varios grupos por las altas temperaturas".

También se ha referido a "las gélidas temperaturas del instituto Los Montes, en el municipio de Colmenar" y ha recordado que en muchos casos "las propias asociaciones de madres y padres han sido las encargados de comprar e instalar calefactores, ventiladores y aparatos de aire acondicionado, mientras que en otros centros no pueden permitirse ni esta solución debido a problemas económicos, que realmente es responsabilidad de la Consejería de Educación".

Por eso, ha indicado que la Proposición de Ley de Bioclimatización de centros educativos de Podemos, que ha recibido esta semana la luz verde a su tramitación en el Parlamento de Andalucía, "beneficiará a numerosos colegios e institutos de la provincia que sufren problemas de temperaturas extremas".

Al respecto, Serrato ha criticado que el PSOE "haya sido el único grupo parlamentario que ha votado en contra de la admisión a trámite de esta proposición", señalando que "ellos aducían que ya tenían un plan de climatización, pero es una mera excusa, porque sólo han realizado actuaciones en dos colegios de la provincia".

Por otra parte, el parlamentario andaluz de Podemos por Málaga Juan Antonio Gil ha especificado que esta proposición "no es un parche, sino que es algo serio y sistémico", señalando que "obliga a la elaboración, en un plazo máximo de seis meses, de auditorías energéticas en todos los centros públicos para diseñar un mapeado de necesidades".

Igualmente, Gil ha insistido en la dotación presupuestaria a la que obliga, de forma que "el Gobierno andaluz tendrá que establecer un plan de inversiones a razón de 66 millones de euros anuales para erradicar las deficiencias en las infraestructuras educativas y garantizar así las condiciones de bienestar de todo el alumnado y el personal educativo".

Además, el parlamentario de Podemos ha destacado que esta Ley tendrá otros efectos beneficiosos. Así, en cuanto al mercado laboral, "actuará como dinamizador del sector de las renovables y las empresas de servicios energéticos, promoviendo empleo de alto valor añadido"; producirá un ahorro directo sobre los costes de la administración educativa andaluza; "y tendrá un importante beneficio medioambiental al reducir la huella de carbono".