El expresidente de la Generalitat de Cataluña Artur Mas estaría también implicado en la financiación irregular de las campañas del Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), según el informe que ha presentado en la Audiencia Nacional la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) de la Comisaría General de Policía Judicial y que recoge el diario El Mundo.

En dicho documento, que implica por primera vez al expresident en este caso, la Policía Judicial sostiene que "se tienen que atribuir nuevas responsabilidades" a Mas por mantener el sistema instaurado por Jordi Pujol para financiar a los proveedores de las campañas electorales de la formación nacionalista. También considera responsable de esta operativa al extesorero del partido Daniel Osácar.

Artur Mas, que ya compareció hace poco menos de un año en el Parlament para dar explicaciones sobre la presunta financiación irregular de CDC, dijo en ese momento que no fue "impoluta" pero sí legal. Además, a principios de este año, el expresidente declaró que mantiene su confianza en Osàcar, para quien el fiscal pide ocho años de cárcel por el caso Palau. "Lo conozco y sigo pensando que es intachable", aseguró en una entrevista en el programa El Objetivo.

Ahora, la Policía Judicial ha descubierto un nuevo aval bancario conferido por el Banco Sabadell de Andorra, ya cuando Mas era presidente, a las mismas empresas que llevaban a cabo actos electorales de CDC durante la campaña electoral para los comicios generales del año 2000. Según El Mundo, el informe apunta que los avalistas vuelven a enclavarse en el entorno de los Pujol y entre ellos se encuentra el empresario Francesc Robert, exsocio de Pujol Jr y exdirector de la televisión andorrana.

En este sentido la Udef considera que esta práctica consistente en avalar a los proveedores de CDC desde Andorra con fondos situados bajo el control de los Pujol y su entorno más próximo se mantuvo en el tiempo al menos "hasta febrero de 2006". Por lo que, además de ampliar la responsabilidad de estos hechos a Mas, la Udef arguye que debe afectar también al ex tesorero Daniel Osácar, que controló las finanzas del partido "desde marzo de 2005", sustituyendo a Carles Torrent, que se encargó personalmente de instrumentar la financiación de los referidos comicios del año 2000.

Según trasladaron los investigadores al juez de la Audiencia Nacional que instruye el caso Pujol, José de la Mata, que "gracias a la cumplimentación del requerimiento judicial" se sabe que una de las empresas de publicidad que trabajaron para CDC, Altraforma, se benefició de "una póliza de préstamo" suscrita ante notario el 19 de marzo de 2004 por importe de 400.000 euros. Un dinero que supondría el cobro de los trabajos encargados en las elecciones de cuatro años antes y que "había permanecido en estado durmiente desde junio de 2003 hasta que se registra el abono de la nueva liquidez".

Una operativa que para los mismos se presentaba como "muy sospechosa, ajena a la práctica económica normal y muy similar a la que se observó durante la investigación del caso Palau". Y es que "se acreditó el libramiento masivo de instrumentos formales de pago como cheques, con el único objeto de presentarlos a cobro en ventanilla y subsiguientemente disponer de los reintegros en efectivo, de forma que se hizo imposible seguir el rastro del dinero".

En este sentido, la Udef subraya que "la sentencia judicial reconoce 'el esquema operativo a la hora de disimular la transferencia de fondos con la utilización de talones al portador hechos efectivos en ventanilla y posterior entrega en efectivo al tesorero de la formación política' y que entre las mercantiles involucradas en este sistema estaban Altraforma e Hispart", entidades avaladas por los Pujol.