La exdiputada de la CUP Anna Gabriel ha confirmado este martes, en una entrevista concedida al medio suizo Le Temps, que su intención es no acudir a declarar el miércoles ante el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, en la causa abierta contra los mandatarios del 'procés' independentista.

"No iré a Madrid", titula en la edición de papel. "Como no tendré un juicio justo en mi país, he buscado uno en el que pueda proteger mis derechos", asegura al diario helvético, a la par que apostilla: "estoy siendo procesada por mi actividad política y la prensa del Gobierno ya me ha condenado".

Gabriel ha remitido por escrito su decisión al Tribunal Supremo y su intención es quedarse en Ginebra (Suiza). Según el rotativo, opina que será "más útil a mi movimiento en libertad que detrás de las rejas", ya que ve el destino de algunos de sus compañeros que aún están en prisión desde diciembre pasado, dice. "Comprendí que tenía que irme. No soy la única a la que espera la prisión; todo el gobierno (catalán) está amenazado", indica.

También critica recientes filtraciones en los medios de comunicación españoles de un informe de la Guardia Civil en el que se la describe, según ella, como una "activista feroz".

La exdiputada tenía que declarar ante el juez Larena por un posible delito de rebelión en el proceso independentista, a raíz del comité estratégico que dirigió las acciones contempladas en el documento "Enfocats", considerado la hoja de ruta de la independencia. "Siempre he hecho campaña a favor del referéndum, pero pacíficamente. La cuestión de Cataluña debería poder resolverse políticamente, pero las autoridades españolas quieren acallar el independentismo a través de la represión", añade.

La dirigente de la CUP denuncia en "Le Temps" el ambiente "tenso como nunca" en Barcelona, y sostiene que el Gobierno español "no hace nada para garantizar nuestra seguridad frente a la violencia de los fascistas".

La exdiputada catalana expone las amenazas de muerte que dice haber recibido regularmente de grupúsculos de la extrema derecha y compara la situación catalana "con lo que ocurre en estos momentos en Turquía", denunciando lo que considera una "caza" con cerca de "900 personas bajo investigación o acusadas, entre ellos profesores, policías, políticos y simples votantes".

Por no ir a declarar ante el Supremo, Gabriel se arriesga a ser objeto de una orden de extradición u comisión rogatoria, pero su abogado en suiza, Oliver Peter, considera la amenaza de una extradición poco probable a la vista de que España retiró su solicitud en el caso de Carles Puigdemont, huido en Bélgica.

Según él, su cliente no tendría un proceso justo en España, ya que los miembros del tribunal en Madrid "son cercanos al poder y no ofrecen ninguna garantía de independencia ni de imparcialidad". "Mi cliente está siendo perseguida por motivos políticos, lo que convierte una solicitud de extradición en ilícita", opina el abogado.

Por su parte, el también expresidente de la Generalitat y expresidente del PDeCAT Artur Mas comparece este martes ante el juez del Supremo para declarar en la investigación por un posible delito de rebelión en el proceso soberanista, un día después de las declaraciones de Marta Rovira y Marta Pascal.

La investigación sitúa a Mas entre los integrantes del comité estratégico que dirigió las acciones contempladas en la hoja de ruta del "procés", dibujada en el documento Enfocats, y le ubica en reuniones clave para la preparación del referéndum independentista.