La crisis de precios de los últimos años a consecuencia sobre todo del veto ruso a los alimentos perecederos procedentes de la Unión Europea (UE) está originando que las familias no puedan sostener las pérdidas de varias campañas seguidas de caída de precios y la escasa o nula rentabilidad de plantar y recolectar la fruta sin que tenga posibilidades de comercializarla.
En este sentido, el temor de los fruticultores del Bajo Cinca es que las grandes corporaciones empresariales, sin ningún arraigo en el territorio, acaben de apropiarse de todo el sector, tal y como vienen haciendo en las últimas campañas con la llegada de trabajadores durante las campañas de recolección que luego se llevan a otras zonas.
Se trata de costes que las grandes empresas pueden asumir, pero que lastran las economías familiares que hasta ahora son las que han mantenido vivos los pequeños pueblos para que puedan seguir teniendo formas y vías de vida en estos núcleos.
"Está en jaque el modelo familiar de agricultores que viven y trabajan en estos pequeños pueblos", ha dicho José Manuel Penella a Miguel Gracia, a quien "hemos querido trasladar el problema ante la sensibilidad de la Diputación de Huesca para la puesta en marcha de iniciativas y exigir políticas de discriminación positiva hacia el medio rural".
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