El Tribunal Supremo ratifica la anulación de la concesión de ATLL a Acciona

  • El Supremo ha ratificado la sentencia que anulaba la adjudicación de Aigües Ter Llobregat (ATLL) a un consorcio liderado por Acciona.
  • La decisión deja en el aire la mayor privatización llevada a cabo por la Generalitat
Imagen de la planta piloto de la desalinizadora del Llobregat.
Imagen de la planta piloto de la desalinizadora del Llobregat.
ACA/ATLL
Imagen de la planta piloto de la desalinizadora del Llobregat.

El Tribunal Supremo ha desestimado el recurso presentado por la Generalitat y ha ratificado la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que declaró nulo el procedimiento de adjudicación de la gestión de la empresa pública Aigües Ter-Llobregat (ATLL), ha confirmado el Alto Tribunal.

La decisión deja en el aire la mayor privatización llevada a cabo por la Generalitat, que a finales de 2012 adjudicó la gestión de ATLL a un consorcio liderado por Acciona y por BTG Pactual.

En junio de 2015, el TSJC anuló ese procedimiento por considerar que vulneró "los principios de publicidad, concurrencia e igualdad", una decisión contra la que presentaron recurso tanto la Generalitat como Acciona y que hoy ha confirmado el Supremo.

ATLL es la empresa pública que presta el servicio de abastecimiento de agua "en alta" (desde las cuencas de los ríos hasta los depósitos municipales) a Barcelona y su área metropolitana, que abastece a unos 4,5 millones de personas, lo que da una idea de la importancia de la privatización.

El origen de la batalla judicial es la privatización de su gestión, que la Generalitat llevó a cabo el 6 de noviembre de 2012, días antes de las últimas elecciones autonómicas, y que finalmente adjudicó al consorcio liderado por Acciona, descartando la oferta presentada por Agbar.

Según ha informado el TS este miércoles en un comunicado, la sala ha desestimado los recursos de casación interpuestos por la Generalitat y Agbar contra el fallo del Alto Tribunal catalán de revocar la concesión de ATLL a Acciona, adjudicada por el Govern en 2012 para los siguientes 50 años por un importe de 1.000 millones de euros, y que fue impugnada por Agbar, la única competidora en el concurso.

Acciona ya avisó de que en caso de que se acabara anulando el contrato exigiría a la Generalitat la devolución de los 300 millones de euros que abonó en el momento de la adjudicación como primer pago del canon concesional.

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