El PP volvió este jueves a quedarse solo en el Congreso de los Diputados. Por 207 votos en contra y 131 a favor, la Cámara Baja rechazó la enmienda a la totalidad de los conservadores a la ley LGTBI presentada por Unidos Podemos, que continuará ahora su tramitación parlamentaria. Los grupos de la oposición acusaron al partido del Gobierno de haber presentado un texto alternativo que vaciaba de contenido la proposición de ley inicial y que no incluía medidas efectivas para luchar contra la discriminación por motivo de orientación sexual o identidad de género.

Los populares ya fueron los únicos que no respaldaron, en septiembre de 2017, la toma en consideración de la proposición de ley. En aquel primer paso, que implicaba que el texto comenzaba a tramitarse en la Cámara, el PP se abstuvo, frente al voto a favor del resto de grupos. El de este jueves era el segundo escollo que debía superar la futura ley: si la enmienda a la totalidad del PP hubiera salido adelante, la proposición de Unidos Podemos hubiera decaído y se habría sustituido por el texto del PP. Pasada esta votación, la propuesta del grupo morado pasará a la fase de enmiendas parciales.

Entre otras cuestiones, la proposición de ley de Unidos Podemos contempla que las personas trans puedan acceder a la reasignación quirúrgica desde los 16 años sin consentimiento paterno, que puedan acceder a tratamientos hormonales desde la pubertad, y que sean nombradas de acuerdo a su identidad de género manifestada, también en los centros escolares, aun cuando no hayan cumplido la mayoría de edad. Además, despatologiza al colectivo, cuyos integrantes dejarían de necesitar un informe psiquiátrico para acceder a la reasignación. También prohibiría las terapias que prometen "dejar de ser" homosexual.

La diputada del PP encargada de defender la enmienda a la totalidad, Marta González Vázquez (PP), sostuvo que la proposición de ley de Unidos Podemos contiene propuestas "descabelladas" que "no respetan" el principio de proporcionalidad y que recurre a "formas de discriminación" para responder a la "desigualdad". González afirmó que no puede crear un "estatuto de protección extraordinario" para las personas LGTBI y criticó las sanciones que contempla el proyecto de ley, de hasta 45.000, y la propuesta de crear una agencia con capacidad "censora" para retirar contenidos ofensivos.

La parlamentaria conservadora calificó de "inquietantes" medidas como la posibilidad de que personas trans que no han cumplido la mayoría de edad reciban tratamientos "no reversibles" sin tener en cuenta el criterio de quienes "pueden y deben decidir, sus padres", así como la introducción de la categoría de "sexo sentido" en documentación jurídica. González pidió no "contravenir principios constitucionales como la libertad de expresión, ideológica o religiosa", y defendió la enmienda a la totalidad de su grupo como un "texto de garantías" con "medidas para avanzar hacia una sociedad más igualitaria" sin caer en el "intervencionismo".

Pero los argumentos de los conservadores no convencieron al resto de grupos, que uno a uno subieron a la tribuna para rechazar el texto alternativo del PP. Mar García Puig (Unidos Podemos) reprochó especialmente al PP que se comprometiera el año pasado con la Federación estatal de lesbianas, gais, transexuales y bisexuales (FELGTB) a apoyar la tramitación de la ley LGTBI -condición que la federación impuso para invitar a los grupos parlamentarios a la cabecera de la manifestación del orgullo LGTBI en Madrid- y ahora, en cambio, opte por asestar una "puñalada trapera" a los derechos del colectivo.

En palabras de la diputada del grupo morado, la enmienda del PP es un texto "vacío" y "vergonzoso". "¿No les da vergüenza ponerse detrás de una bandera y luego traicionar su causa? (...). Su traición al colectivo LGTBI quedará para la Historia, y no les saldrá gratis", esperó García a la bancada popular. En la misma línea, Sofía Fernández Castañón, también de Unidos Podemos, señaló que la enmienda a la totalidad era una "nadería" que no incluía, por ejemplo, la despatologización de las personas trans ni medidas en el ámbito de la educación, la justicia o el derecho a la adopción.

En la misma línea que Unidos Podemos, la socialista Lola Galovart calificó el texto del PP de "puro fingimiento" y "puro ejercicio retórico". "Flatus vocis. Parole, parole, parole", criticó la diputada del PSOE, que pidió la retirada de su enmienda porque "desnaturaliza" la proposición inicial, y criticó su "traición" al colectivo. Finalmente, Galovart reprochó a los conservadores que "siempre" hayan votado en contra del colectivo LGTBI, y recordó su oposición al matrimonio entre personas del mismo género, a la Educación para la Ciudadanía o la Ley de Memoria Histórica.

Patricia Reyes (Cs), por su parte, afirmó que la enmienda del PP se queda "muy corta para asegurar la libertad e igualdad". "Es un sucedáneo que no aporta absolutamente nada y entorpece la adopción de medidas efectivas" afirmó la diputada del grupo naranja, para quien el texto de los populares es una "mera declaración de intenciones" y una "cortina de humo plagada de generalidades". "No se crear obligaciones concretas para proteger derechos, rellenan páginas para no decir nada, evitan hablar de la despatologización de las personas trans... el grado de desfachatez que pueden alcanzar no tiene límites", zanjó.

Además de los tres principales grupos de la oposición, también ERC, PDeCAT, PNV y EH Bildu tomaron la palabra para rechazar el texto del PP. En el debate, además, la mayoría de portavoces comenzaron sus intervenciones con un recuerdo a Ekai, el joven trans de 16 años que se suicidó la semana pasada en Ondarroa (Bizkaia) y que estaba a la espera de acceder a un tratamiento hormonal. También lo hizo la popular González, lo que despertó las críticas de Unidos Podemos: "Queremos que recuerden que es la violencia institucional que ustedes promueven la que se ha llevado la vida de Ekai", le respondió García Puig.

Superado el trámite parlamentario de este jueves, el texto de Unidos Podemos, en cuya redacción participaron numerosas asociaciones y colectivos, proseguirá su tramitación en el Congreso. Varios grupos avanzaron su intención de presentar numerosas enmiendas al articulado. También lo hará el grupo morado para, por ejemplo, eliminar las sanciones administrativas de entre los 3.000 y los 20.000 euros por publicar en internet o en las redes sociales contenidos ofensivos o vejatorios contra las personas LGTBI o sus familias, incluidas en el texto original a petición de los colectivos.