La justicia gallega ha vivido su undécima jornada efectiva de huelga indefinida -arrancó el pasado 7 de febrero- y lo hace con los juzgados paralizados y cada vez menos visos de acuerdo, puesto que no hay ningún tipo de acercamiento en las posturas de Xunta y sindicatos.

En esta coyuntura, el seguimiento de la huelga, según los sindicatos, sigue rondando el 90 por ciento en la comunidad, aunque ha experimentado leves descensos en algunas localidades este jueves. Por ejemplo, en a Coruña se ha situado en un 75 por ciento frente al 85% computado en las primeras jornadas del paro.

En cuanto al resto de ciudades, según los sindicatos, Pontevedra ha computado una participación del 93%; Santiago, del 81%; Vigo, del 90%; Ourense, el 88%; Ferrol, el 82%; y Lugo, un 81%. En los pueblos, la media del seguimiento continúa por encima del 90%.

La Xunta rebaja la participación en esta jornada al 38,63 por ciento, y concreta que fueron a la huelga 1.043 personas, de un total de 2.700. Por provincias, el seguimiento de la huelga en A Coruña fue del 37,29%; en Lugo, del 32,39T; en Ourense, del 40,88%, y en Pontevedra, del 45,73%.

En el cálculo de estos datos hay que tener en cuenta que 152 funcionarios no acudieron al trabajo por ausencia justificada (vacaciones, asuntos particulares, o días de libranza) y 775 cumplieron servicios mínimos, que se cumplieron en su totalidad.

"CONTESTAREMOS EL SÁBADO"

Entre tanto, los juicios y los trámites siguen aplazándose en la comunidad, con más de 7.000 suspendidos, según los sindicatos. Aunque la Xunta no acepta las cifras, que rebaja a la mitad.

Las posturas entre ambas partes continúan en los extremos opuestos. Lo evidenció el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, al sugerir que los sindicatos no quieren negociar y apuntar que, si fuera la Xunta quien exige un cambio de interlocutor para volver a sentarse, se le afearía "un tic antidemocrático".

A renglón seguido, avisó al comité de huelga (en el que están representados SPJ-USO, Alternativas na Xustiza-CUT, STAJ, UGT, CC.OO., CSIF y CIG) de que, con independencia de quienes sean los interlocutores del Ejecutivo autonómico, no se les subirá más el salario de lo comprometido en la última oferta (entre 816 y 1.080 euros).

Dirigentes de distintos sindicatos consultados por Europa Press han censurado las "mentiras" y "desvergüenza" de la Xunta, capaz de "falsear tablas y nóminas", antes de advertir a Feijóo de que le contestarán "el sábado en Santiago", en alusión a una manifestación que confían en que sea "masiva" y para la que ya están organizando autobuses.

CSIF ha remitido un comunicado en el que promueve el "apoyo y solidaridad de las juntas de personal" de todos los ámbitos territoriales al conflicto existente en Galicia, al tiempo que censura "el chollo" que, a su entender, busca la Xunta, en referencia a "una Administración de Justicia 'low cost'".

AVISOS A 'ESQUIROLES' Y SOLICITUDES DE TRASLADO

Voces de diferentes colectivos ligados a la justicia -procuradores, abogados e incluso la Fiscalía- se han pronunciado a favor del diálogo para alcanzar cuanto antes un acuerdo que permita dar salida a una situación que provocará el "colapso" de un sector ya de por sí en estado precario. Cada semana de huelga puede suponer, apuntan los sindicatos, "hasta un año de retrasos".

Entre tanto, entre los trabajadores que acuden a trabajar también aparecen las primeras quejas y se cuestiona el "exceso de celo" que, en algunos casos, muestran piquetes al difundir, a modo de avisos a 'esquiroles', documentos con formato 'oficial' en el que se insta a quien acuda a trabajar a asumir que no se beneficiará de ninguna mejora que se pueda lograr gracias a la huelga.

Mientras, siguen otras medidas como desayunos solidarios y las 'performances', a la espera de la manifestación del sábado.

De hecho para este viernes se ha convocado a los medios en la Delegación del Gobierno en A Coruña para hacer entrega individual, por parte de los trabajadores de la ciudad, de una instancia solicitando la convocatoria extraordinaria de concurso de traslado, después de las manifestaciones atribuidas al director xeral de Función Pública, José Manuel Barreiro, en alusión a que, si los funcionarios no están "a gusto" en Galicia, concursen fuera.